El titular de la Corte Suprema fue denunciado penalmente por una ONG, que lo acusa de ser el organizador de una asociación ilícita; la demanda contra el actual presidente del máximo tribunal se da en el marco de una presunta quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de la hamburguesería McDonald's en Pinamar y Villa Gesell.
De acuerdo a la documentación presentada en dos expedientes judiciales, el magistrado –cuyo poder fue limitado en la Corte- señaló el modo en que la compañía que estaba por quebrar debía transferir todos sus bienes para, de ese modo, perjudicar a los otros acreedores en el proceso de quiebra. Otro detalle no menor es que, entre los afectados aparecen la ANSES y la AFIP.
La demanda penal fue presentada por Fernando Míguez, presidente de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático, habitual recorredor de los tribunales con denuncias de corrupción. El expediente lleva el número 21968/2018 y quedó radicado ante el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
Como señalamos anteriormente, Rosenkrantz está acusado de ser el "organizador de una asociación ilícita", a través de la cual se perpetró "una quiebra fraudulenta" con un perjuicio para los acreedores de más de $ 20 millones.
En octubre de 2015, según detalla el texto, cuando aún no había sido designado por decreto en la Corte, Rosenkrantz tomó contacto con los abogados de la firma Operadora de la Costa SA, franquiciantes de McDonald's en dos localidades costeras y con graves problemas económicos que la encaminaban hacia la quiebra.
"Los Dueños de Operadora de la Costa y Arcos Dorados Argentina vaciaron la primera compañía con una compleja maniobra para eludir la Ley y evitar pagar millonarias deudas", indica y agrega que "una quiebra es una manera en la que una empresa dice 'no puedo pagar' y pone a sus acreedores en igualdad de condiciones. Dicen 'hay tanto' y se reparten en partes iguales para todos los acreedores.
Cuando se beneficia a algunos de estos acreedores ocurre lo que en derecho penal se llama quiebra fraudulenta, que es aquella en la que no hay igualdad entre los acreedores", precisa.
"Rosenkrantz le dice a la parte que esta por quebrar que tienen que hacer toda una maniobra para que Arcos Dorados se quedara con la plata que le correspondía al resto de los acreedores", aclara el documenro y esa supuesta maniobra se configuró mediante la creación de la empresa "40 Uno SRL", a la que le fueron transferidos todos los activos de Operadora de la Costa, la firma que estaba por quebrar.
"Operadora de la Costa puso a disposición para embargo sus inmuebles además sus bienes muebles y hasta el fondo de comercio.
Luego del embargo, la empresa y la multinacional -asesorada por Rosenkrantz- hicieron desaparecer todos esos bienes y activos al igual que todo el dinero resultante, simulando falsas ventas a terceros", añade el escrito, que incluso menciona la supuesta utilización de "un acta de directorio y otra de asamblea falsificadas", añade el escrito.
"Rosenkrantz es quien le dice a la parte que está por quebrar que tienen que hacer toda una maniobra, como por ejemplo pasarla a testaferros para que la empresa Arcos Dorados se quedara con la plata que le correspondía al resto de los acreedores.
Buena parte del patrimonio se sustrae de la garantía común de los acreedores quedando en mano de la empresa que representaba Rosenkrantz", reza la denuncia.
En los próximos días, el juez Rafael Rafecas será quien deba resolver si le "corre vista" al fiscal Pollicita para que decida si impulsa o no la investigación en contra del polémico presidente del máximo tribunal, o si directamente le delega a él la tramitación del caso.
Fuente: elintransigente.com
wdm.
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