El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó el juicio penal para la intendente de Enrique Urien Liliana Pasqua
La denuncia efectuada por el diputado de la UCR Alejandro Aradas dejó al descubierto que seis de las viviendas que estaban destinadas a familias muy humildes de pueblos originarios, fueron asignadas por la propia intendenta Liliana Pascua y sus familiares, entre los que se encuentra su madre, su cuñado, un tío quien es subsecretario de gobierno, entre otros dos allegados.
En la ampliación de la denuncia, Aradas también se hizo referencia a supuestas irregularidades en las facturaciones presentadas y en las contrataciones de las empresas constructoras de dichas obras que estaban contempladas en el marco del “Programa Federal de Viviendas y Mejora de Habitat de Pueblos Originarios y Rurarles”.
El legislador en oportunidad de visitar la localidad de Enrique Urien se entrevistó con Bruno Emanuel Ayala, uno de los presuntos damnificados por las irregularidades en la facturación, quien denuncia que la Comuna de Enrique Urien le “armó” un facturero, a través del cual se facturaron obras de las que nunca participó, ni recibió pago alguno.
Según manifestó el diputado Aradas, de acuerdo a dichas boletas, Ayala facturó $ 457 mil al municipio de Enrique Urien, algo que el joven negó rotundamente.
Ante estos hechos, el fiscal Patricio Sabadini solicitó a la jueza federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger la elevación a juicio penal la causa en la que se investiga a la intendente Pascua por el delito de defraudación al erario Público Nacional.
Fuente: alexiadigital.com.ar
wdm.
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