Durante los meses de diciembre, enero y febrero el haber jubilatorio mínimo de bolsillo es de $ 48.612 más el bono de $ 10.000 y complemento por el 82% del SMVM de $ 677, (esta última cifra es sólo para los que se jubilaron con 30 años de aportes) un total de $ 59.289 para cubrir una canasta básica de una persona mayor elaborada por la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de CABA, de $ 151.478 a principios de octubre que, con la actualización por los índices de precios al consumidor de octubre, noviembre y diciembre, supera los $ 170.000, cifra a la que no accede el 85% de la totalidad de las jubilaciones y pensiones.
El índice de actualización del trimestre marzo a junio, determinado por la ley vigente, se aplicará exclusivamente sobre $ 48.612.
Sobre esta base de cálculo cualquier índice mantendrá a la mayoría de jubilad@s y pensionad@s bajo los límites de pobreza.
La jubilación no es un subsidio, es un derecho adquirido, por lo que es urgente un aumento de emergencia para que el haber mínimo cubra la canasta básica de una persona mayor y proporcional en todas las escalas.
Como venimos señalando, el Congreso Nacional debe resolver en sesiones extraordinarias, la situación de 710.651 mujeres y hombres (la mayoría mujeres) que, en los próximos dos años, cumpliendo con las edades requeridas, pero sin tener los 30 años de aportes, no estarán en condiciones de recibir una jubilación ordinaria, por el vencimiento de la ley 26970 de Moratoria Previsional. En su defecto deberá resolverlo el Poder Ejecutivo.
La responsabilidad de no tener los años de aportes requeridos es del Estado, que permite el trabajo no registrado, el precarizado y no toma medidas para bajar la desocupación y la subocupación.
Los fondos deben provenir de los grupos económicos que, con estas políticas, incrementan sus ganancias con la súper explotación de la clase trabajadora.
Con la actualización de nuestro proyecto de ley previsional, que volveremos a presentar en la cámara de diputados de la nación y con la fuerza de la unidad de las organizaciones gremiales, sindicales, de jubilados, sociales, territoriales, consecuentes con los intereses de la clase trabajadora, nos proponemos producir un gran debate para exigir el tratamiento y la sanción parlamentaria de una norma que establezca un verdadero sistema previsional público, de reparto, asistido, intergeneracional, en el que el fondo de garantía de sustentabilidad y los fondos previsionales sean dirigidos y administrados por representantes de trabajador@s activ@s y de jubilad@s, con presencia del estado, poniendo fin a la utilización de los mismos por el poder ejecutivo de turno para otros fines ajenos a su origen y destino.
De esta manera podremos asegurar los recursos necesarios para garantizar jubilaciones dignas para tod@s l@s trabajador@s y el 82% móvil sobre los mejores salarios como tasa de sustitución.
Asesoramiento Previsional Dra. Carla Romina Carlanian
wdm.
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