Defensoría General se reunió con el Consejo de Personas Adultas Mayores

La Defensoría General y el Consejo de Personas Adultas Mayores mantuvieron un encuentro para analizar distintos aspectos del protocolo de ingreso de personas adultas mayores con antecedentes penales para las instituciones públicas. 
Al encuentro asistieron la defensora general adjunta Gisela Gauna Wirz y la secretaria de la Defensoría General, Mariana Alcalá; el vicepresidente del CPAM, Rubén Acosta, Atilio García Plichta, subsecretario de Personas Adultas Mayores; Wally Solis, directora de Adultos Mayores y las integrantes del equipo técnico legal de la Dirección: Vanina Fernandez y Débora Sandoval. 
 Particularmente analizaron la posibilidad de ingreso a las RAM de personas adultas mayores privadas de libertad que se encuentren en condiciones de cumplir la pena en su domicilio, como así también las que hayan cumplido la pena y no tengan vivienda, ni familiares que los alberguen. 
García Plichta expuso cómo funciona el mecanismo de ingreso a las instituciones públicas que se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y propuso articular la posibilidad de habilitar una residencia específica para alojar a los adultos mayores que puedan acceder a la prisión domiciliaria. 
Si bien en la actualidad son pocos los casos, es probable que el envejecimiento progresivo y la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios dificultan que los adultos mayor cuenten con su propio espacio sean factores de aumento de los mismos. 
 También observó conveniente brindar a los adultos mayores que aún se encuentran bajo la órbita del cumplimiento de la pena una residencia donde puedan gozar de un espacio, recibir trato digno y la atención sanitaria necesaria. 
En esa línea, el CPAM y la Subsecretaría de Personas Adultas Mayores ofrecieron colaboración para comenzar a trabajar en la posibilidad de contar con una residencia acorde a las necesidades y complejidades de cada caso. 
Por ello consensuaron convocar a una mesa de trabajo con los distintos actores y organismos estatales para efectivizar el funcionamiento de una residencia para adultos mayores en situación de vulnerabilidad que se encuentren privados de su libertad. 
Por último, la Defensoría General propuso la posibilidad de que se lleven a cabo talleres informativos sobre atención gerontológica en los establecimientos penitenciarios, iniciativa que fue acogida por las otras partes. 
Fuente: Prensa STJ del Chaco 
wdm.

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