Perú investiga a la presidente Boluarte y a Castillo por lavado de activos

El Ministerio Público de Perú anunció el martes que amplió una investigación contra la presidenta peruana, Dina Boluarte y el ex mandatario Pedro Castillo por la presunta financiación ilegal de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestas aportaciones ilegales en la campaña electoral del 2021. 
La investigación es seguida por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra Boluarte, Castillo y el empresario Henry Shimabukuro, que declaró ante la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de la hoy presidente durante la campaña de 2021. 
En esa campaña, Castillo encabezaba la candidatura a la Presidencia de la República mientras que Boluarte aspiraba a la Vicepresidencia. 
La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral del partido Perú Libre en el 2021, precisó la Fiscalía en su cuenta de Twitter. 
Boluarte, que sucedió a Castillo en diciembre del año pasado tras ser destituido por su fallido autogolpe, había rechazado el domingo las acusaciones en su contra y reiteró que eran una "oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas". 
El último domingo, Maritza Sánchez, una profesora allegada a Castillo, denunció en el programa Cuarto Poder que Shimabukuro, un asesor en la sombra del ex presidente y Eduvigis Beltrán aportaron fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda con el Estado y colocar a personas cercanas en altos cargos públicos.
Sobre estas acusaciones, la Presidencia comentó que "si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno". 
Debido a las acusaciones de Shimabukuro, la oposición en el Congreso anunció una moción de destitución contra Boluarte, que puede ser formalizada esta semana durante el pleno. 
No obstante, la mandataria tuvo que responder el lunes a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Palacio de Gobierno por otro caso de presunta corrupción referido a las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de su ex asesora Grika Asayag. 
Fuente: dw.de 
wdm.

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