El Gobierno nacional derogó el programa de salud para personas privadas de libertad
El programa fue creado durante el segundo mandato de Cristina Fernández y tenía como objetivo principal mejorar el acceso a servicios de salud en los establecimientos penitenciarios del país.
Según lo estipulado en su diseño original, debía articular acciones conjuntas entre las autoridades nacionales y provinciales para optimizar las condiciones sanitarias de la población carcelaria.
El Ejecutivo justificó su decisión señalando que, desde su implementación, no se registraron datos estadísticos ni indicadores sanitarios que acreditaran una mejora real en la calidad de atención; la resolución agrega: “No se dispone de datos estadísticos, ni indicadores sanitarios que den cuenta que la implementación de este programa redunde en una mejora de la toma de decisiones en salud”.
Asimismo, el texto resalta que no se celebraron convenios entre el programa y las provincias, lo que dificultó la implementación de medidas conjuntas y dejó sin efecto los informes de gestión previstos originalmente.
En este sentido, el Ministerio concluyó que la falta de operatividad del programa y la ausencia de evidencia concreta de sus beneficios llevaron a la decisión de derogarlo.
La resolución también argumenta que las jurisdicciones provinciales y los servicios penitenciarios federales ya cuentan con sistemas de salud organizados que garantizan, en teoría, la atención de las personas privadas de libertad.
Según el documento, esta multiplicidad de organismos hacía redundante la existencia de un programa nacional adicional.
La normativa dada a conocer sostiene que, “A pesar de los fines loables que se persiguen, las jurisdicciones provinciales, así como las penitenciarías federales, disponen de sistemas de salud organizados dentro de sus servicios penitenciarios que garantizan el acceso a la salud de la población carcelaria”.
Fuente: elintransigente.com
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