En el texto que encabezó el diputado tucumano Pablo Yedlin, acusaron que “El sistema de Salud Pública en Argentina está en crisis, la falta de rectoría y regulación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el desfinanciamiento, vaciamiento, cierre de efectores y de políticas públicas, solo vienen a profundizar esa crisis”.
Asimismo, detallaron el pedido en varios ítems: Informe detallado de la cantidad de trabajadores de esas áreas con la respectiva relación laboral de los mismos; razones de porqué no se renovaron los contratos que vencían el 31 de enero de 2025; si tienen planeado que dejen de funcionar estas direcciones; Información de las acciones llevadas adelante por dichos organismos en el año 2023 y 2024 y metas y acciones planificadas para este año 2025.
En tal sentido, señalaron que “es imperativo que el Ministerio de Salud de la Nación brinde respuestas claras y precisas a los puntos solicitados, garantizando el cumplimiento de las leyes mencionadas y el bienestar de la población de nuestro país”.
Por el lado del texto que firmaron los cinco integrantes del FIT-U, en primera instancia rechazaron a los 1400 despidos mencionados y denunciaron que las medidas del Gobierno ejecutadas por el ministro de Salud, Mario Lugones, “implican el desmantelamiento en instituciones fundamentales de la salud pública”.
El proyecto encabezado por Vanina Biasi, aseveró entre los fundamentos que “esta política tiene como principal blanco de ataque el Hospital Posadas, el Bonaparte, el Instituto del Cáncer, Superintendencia de Servicios de Salud, Sedronar, Andis, Anlis-Malbrán, Anmat e Inareps (Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur)”. “En el Somer ya se notificó el despido de 130 trabajadores, mientras que en el Bonaparte contabilizan 200 despidos”.
El proyecto de resolución concluye: “El plan motosierra de presidente Milei, de Stuerzenegger y Lugones no solo se aplica sobre los trabajadores del área de salud, sino que lo hace sobre áreas sensibles de atención. Estos despidos completan una política de destrucción de la salud pública que incluye salarios por debajo de la línea de pobreza, desmantelamiento de los hospitales públicos y los programas sanitarios, e incluso el arancelamiento en distintos municipios por la colaboración de otras fuerzas políticas”.
Fuente: parlamentario.com
wdm.
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