Los radicales reclaman conocer “los vínculos del presidente con las personas y empresas a cargo de esta operación financiera, el dispositivo económico-financiero por el que se supone que se beneficiaría a la inversión privada nacional y todo otro dato que conduzca a dimensionar correctamente la operación”.
Banfi enfatizó: “Las investigaciones judiciales y parlamentarias que eventualmente se pongan en marcha deben ser respondidas por el Poder Ejecutivo con la imprescindible puesta a disposición, colaboración y apertura en la información” y agregó: “El Poder Legislativo, por su parte, también debe colaborar urgentemente en mostrar a la sociedad que de esta crisis las instituciones saldrán mejoradas”.
A raíz de la promoción por parte del presidente Javier Milei de una criptomoneda que luego se desplomó, afectando a miles de inversores y todos los reclamos de explicaciones que se sucedieron como consecuencia, Banfi y Quetglas aprovecharon para anunciar que este año propondrán una serie de iniciativas sobre transparencia.
Entre esos temas enumeraron: una reforma de la Ley de Ética Pública, a fin de actualizar una norma de 1999 y detallar el alcance del desempeño de la función pública, las conductas incompatibles, conflictos de interés y gestión de intereses en mayor grado que la legislación vigente; una regulación de la autonomía de la Oficina Anticorrupción y un proyecto sobre la protección de testigos y denunciantes de corrupción.
También, la derogación del decreto 780/2024 que limita el acceso a la información pública; y sumar la convocatoria a expertos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los gremios empresarios, de trabajadores y otras instituciones, a participar activamente del proceso de reformas.
Banfi consideró: "Es importante que la sociedad sepa qué preguntas están aún sin responder por parte del presidente. Esta crisis debe ser una oportunidad fortalecer las instituciones de nuestra República".
Fuente: parlamentario.com
wdm.
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