En esa línea, Peña manifestó: "He invitado a todos los poderes del Estado y evaluar las acciones realizadas en combate a la corrupción y pensar las acciones que podemos llevar adelante".
Ante los hechos divulgados esta semana, de presunto tráfico de influencias entre imputados por asociación criminal y lavado de dinero y jueces, políticos y fiscales, indicó que es necesario "dialogar todos juntos y pensar en esta problemática".
La convocatoria es para los presidentes del Senado, Basilio Núñez, de Diputados, Raúl Latorre, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón y el contralor general Camilo Benítez.
El presidente Peña refirió que las acusaciones que se desprenden de las conversaciones del celular de Eulalio "Lalo" Gomes, filtradas durante el fin de semana, deben ser investigadas y aclaradas por la Justicia, en ese contexto expresó: "Soy consciente de la enorme preocupación. No sabemos la magnitud de esto, sabemos lo que los medios de comunicación deciden mostrar. Esto no forma parte de una investigación del Ministerio Público. No es información que está siendo proporcionada por fuentes oficiales".
Las conversaciones involucran a los fiscales Marco y Liliana Alcaraz, hoy ministros de Inteligencia y de la Secretaría de Prevención del Lavado (Seprelad) de su gabinete; al respecto, dijo que ambos han pedido aclarar todo y siguen gozando de su confianza.
Peña resaltó: "Cuando estos eventos salieron pedí explicaciones a mis colaboradores, especialmente a los ministros de Inteligencia y de la Seprelad".
Otra de las personas involucradas en las conversaciones es el diputado por el Movimiento Honor Colorado, Orlando Arévalo; tras los chats, será investigado por asociación criminal y otros hechos punibles.
Arévalo renunció como representante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, anunció que la bancada de diputados del movimiento que encabeza el Gobierno acompañará un pedido de destitución.
Eulalio "Lalo" Gomes fue diputado electo para el periodo 2023-2028; él y su hijo son acusados en el operativo "Pavo Real II" de formar parte de la estructura operativa y de lavado de dinero de Jarvis Chimenes Pavao, quien cumple condena en Brasil por liderar un esquema de tráfico de drogas con presencia en varios países.
El diputado Gomes falleció durante el operativo policial para su detención en agosto de 2024, y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes está imputado por lavado de dinero.
En las conversaciones filtradas por medios de comunicación, el fallecido diputado se comunica con fiscales, jueces y políticos y se observan presuntos intercambios de favores e intermediación en investigaciones y procesos judiciales.
Fuente: ip.gov.py
wdm.
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