Según informa The New York Times, la Fiscalía General de Misuri presentó la demanda en abril del 2020, acusando al Gobierno chino de ocultar información sobre la existencia del virus y su propagación, además de frenar el suministro de equipo de protección personal al resto del mundo.
El juez que dictó la sentencia, Stephen N. Limbaugh Jr., afirmó que esas presuntas acciones obstaculizaron la respuesta de Washington a la pandemia y retrasaron la compra de equipo para los trabajadores de la salud que atendían la crisis y aseguró que "China estaba engañando al mundo sobre los peligros y el alcance de la pandemia de covid-19".
Las autoridades estatales prometieron hacer cumplir la sentencia mediante la incautación de activos chinos; en tanto, el fiscal general del estado, Andrew Bailey, declaró: "Tenemos la intención de cobrar hasta el último centavo confiscando los bienes de propiedad china, incluidas las tierras agrícolas de Misuri".
Por su parte, el país asiático expresó su rechazo a las acusaciones y se ha negado a pagar la multa impuesta, indicando que la "demanda no tiene base fáctica, jurídica ni precedente internacional".
El portavoz de la Embajada de China en Washington, Liu Pengyu, declaró: "China no la acepta ni la aceptará. Si se perjudican los intereses de China, adoptaremos contramedidas recíprocas con firmeza de acuerdo con el derecho internacional".
Los tribunales estadounidenses pueden demandar a gobiernos extranjeros, aunque las acciones se ven limitadas por la Ley de Inmunidades Extranjeras.
La primera vez que se presentó la demanda contra China, el mismo juez la desestimó debido a dicha ley; sin embargo, un tribunal de apelaciones la admitió, afirmando que el reclamo sobre la retención de equipos de protección no se excluía en dicha ley.
La multa se impuso contra China, el gobernante Partido Comunista, los gobiernos locales, una agencia de salud y un laboratorio del país.
Fuente: actualidad.rt.com
wdm.
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