La iniciativa, que el presidente Javier Milei incluyó en su discurso de apertura del 143° período de sesiones ordinarias, buscará ser aprobada en el Congreso antes de fin de año.
La nueva Ley Migratoria estará a cargo del Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, y su elaboración responde a un pedido expreso de sectores del oficialismo que reclaman mayor control sobre el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
Entre sus principales modificaciones se encuentra la implementación del cobro de la salud y la educación pública para extranjeros no residentes, lo que implica que quienes no posean residencia permanente en Argentina deberán abonar por estos servicios.
También se endurecerán las condiciones para obtener la residencia con requisitos más estrictos y verificaciones más rigurosas sobre antecedentes penales y medios de sustento.
Además, se incorporarán más causales para la deportación inmediata, como delitos relacionados con el narcotráfico, el contrabando y la afectación del orden público.
Por otra parte, se reforzarán los controles fronterizos con la instalación de nuevos radares y mejoras en los centros de control internacional para evitar el ingreso irregular de personas y mercaderías.
El cobro de servicios públicos a extranjeros transitorios es una medida que ya comenzó a implementarse en algunas provincias con el objetivo de reducir el gasto en salud; en Salta, por ejemplo, la medida generó un ahorro de aproximadamente $ 60 millones solo en un hospital, lo que representa casi el 50% del presupuesto total de otros centros de salud provinciales.
La decisión apunta a frenar los llamados tours sanitarios, una práctica frecuente en la que ciudadanos de países vecinos viajan a Argentina exclusivamente para recibir atención médica gratuita.
Otras provincias, como Neuquén, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba, ya manifestaron su intención de aplicar medidas similares.
En el ámbito educativo, la propuesta del Gobierno genera más resistencia, ya que el acceso irrestricto a la educación pública ha sido defendido históricamente por amplios sectores de la sociedad y la oposición; aun así, en la Casa Rosada sostienen que "el sistema debe ser sostenible" y que no descartan impulsar el cambio mediante un decreto en caso de que el Congreso rechace el proyecto.
Otra de las medidas clave del proyecto es la expulsión inmediata de extranjeros con delitos infraganti. Según adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la nueva normativa incluirá la prohibición de reingreso para deportados por delitos graves o por falsificación de documentos.
Adorni también explicó que los detenidos por violentar el sistema democrático, atacando las instituciones, se expulsarían y se les prohibirá el reingreso.
Fuente: elintransigente.com
wdm.
0 Comentarios