Foppiani sostuvo que los cuatro, los directivos más encumbrados, habían desviado fondos por $ 890 millones en casi cinco años de manera ilícita; por eso el tribunal que integra con otros dos magistrados aceptó el pedido de la fiscalía y les dictó a los ejecutivos prisión preventiva por cuatro meses, por lo que estarán en una cárcel hasta el 29 de julio venidero cuando debe establecerse en una nueva audiencia el inicio del juicio.
Se trata de una medida poco habitual y de gran significación dado la posición de los ejecutivos que irán presos en forma preliminar, conductores de la mayor empresa agroexportadora de la Argentina.
Junto a sus colegas de tribunal Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy, el juez Foppiani sostuvo que varias cuestiones se cumplían para imponerles prisión a los directivos.
Una es la pena en expectativa ya que para todos hay un pedido de no menos de 14 años de cárcel lo que implica prisión efectiva en caso de condena; también se consideró que existe riesgo procesal que permite presumir fuga según la ley.
Asimismo los jueces analizaron que existe posibilidad de entorpecimiento probatorio si los empresarios imputados quedaran en libertad.
Fopiani sostuvo "Es riesgo procesal que los directivos hayan ordenado pagos para cubrir gastos personales ajenos a los intereses propietarios. También que lo hayan hecho para escamotear el verdadero estado de cosas de la empresa con la finalidad de influir negativamente en resarcir a las víctimas y dificultar que investigara la fiscalía".
Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja habían planteado el pasado jueves que este agrupamiento criminal, como llamaron a sus 15 integrantes, persistió en maniobras de administración infiel entre diciembre de 2019 cuando se declaró el default de Vicentin y fines de 2024, con lo que desvió ilegalmente fondos de todas las empresas allegadas por algo más de $ 890 millones.
Las sociedades afectadas en su patrimonio o que fueron utilizadas con esta maniobra ilegal son Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin, Algodonera Avellaneda y Sottano.
Según los fiscales, la estafa fue para sostener gastos personales, dijeron que se llevaron para eso el equivalente en ese tiempo a 20.946 salarios mínimos.
Los jueces remarcaron que para esta etapa del proceso en que no se requiere certeza los fiscales habían fundado adecuadamente en evidencia sus acusaciones, también habían señalado que los empresarios desviaron fondos de Vicentin para pagar sus abogados particulares e incluso mostraron que crearon una sociedad para enajenar una avioneta Cessna de Vicentin a fin de no perderla.
Fuente: lapoliticaonline.com
wdm.
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