El Gobierno rescindió un contrato con la obra social de trabajadores rurales por $ 700 millones mensuales

La intervención en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) decidió esta semana rescindir un convenio con el sindicato que desde 2007 le proveía de personal para atender unas 500 bocas de expendio en todo el país tras considerar que era “ineficiente, sin los controles necesarios y representaba un gasto mensual cercano a $ 700 millones, que ahora se destinarán exclusivamente a mejorar las prestaciones médicas de los trabajadores rurales”. 

La resolución fue adoptada por Marcelo Petroni, el interventor designado a fines de noviembre pasado por el Ministerio de Salud para “sanear” la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), la segunda más numerosa de la Argentina, con unos 760.000 afiliados, luego de haberse detectado una serie de irregularidades en el manejo de los fondos. 

La primera auditoría encargada por el interventor Petroni puso en foco una trama de multimillonarios fondos mal administrados, sin controles adecuados, sospechas de fraude y diversas irregularidades, que derivaron en una deuda de casi $ 100.000 millones y un déficit mensual de $ 4.200 millones. 

Esa misma información fue entregada a la Justicia porque desde hace meses el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, investiga a Voytenco, a quien en octubre pasado le embargó los bienes e inhibió sus cuentas por presuntas irregularidades financieras, desvío de fondos sindicales y lavado de activos a partir de la denuncia de otro dirigente de UATRE, Marcelo Andrada. 

Fuente: infobae.com 

wdm.