La resolución deja firme la pena impuesta al ex dueño de Austral Construcciones, quien fue condenado por haber realizado maniobras de lavado de activos agravado por un monto cercano a los u$s 55 millones de entre 2010 y 2013.
La investigación, iniciada en 2013 a partir de un informe televisivo, determinó que Báez encabezó una organización criminal destinada a fugar dinero de origen ilícito al exterior mediante una compleja red financiera. Las operaciones involucraron a la firma SGI, más conocida como “La Rosadita”, desde donde se concretaron las maniobras de expatriación y posterior reingreso de fondos al país.
El objetivo, según la instrucción, era blanquear el dinero obtenido de manera ilegal a través de la obra pública.
La Corte Suprema debió sortear a conjueces para resolver el expediente debido a la falta de acuerdo entre sus miembros.
Los conjueces convocados fueron Mariano Lozano, juez de la Cámara Federal de General Roca, y Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes. Junto a ellos, los ministros Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda concluyeron por unanimidad que los planteos de las defensas eran “inadmisibles”, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El fallo de la Corte sostiene así la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 4, que había considerado probado que entre diciembre de 2010 y abril de 2013 existió una red de operaciones ilegales liderada por Báez.
A través de Austral Construcciones y la financiera SGI, el empresario habría transferido al extranjero un total de u$s 54.872.866,69, utilizando para ello sociedades radicadas en paraísos fiscales, testaferros y cuentas bancarias a nombre de terceros.
Fuente: elintransigente.com
wdm.
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