La decisión fue adoptada por la mayoría del jury que componen los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia; dos legisladores y dos representantes de los abogados de la provincia.
"Mal desempeño y desconocimiento del derecho" son las imputaciones contra Martolessi denunciado oportunamente a través de los ministros Fabián Bastia (Gobierno) y Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad).
Rodrigo Borla por el Senado; José Corral por Diputados y los abogados Lucas Rey Castro y Héctor Ferrero integraron el jury con la Corte, tras ello, el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, aconsejó la suspensión inmediata del magistrado que fue votada por mayoría.
En abril último, los ministros presentaron ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco, la denuncia y pedido de Jury contra el juez penal Martelossi quien liberó al asesino del remisero de Reconquista Juan Carlos Martínez, a pesar de su extenso historial delictivo.
La demanda fue realizada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe y el artículo 7, inciso 1 y concordantes de la Ley Provincial Nº 7050, que establecen las causales y el procedimiento para la remoción de magistrados por mal desempeño en sus funciones.
La denuncia se presentó a raíz del homicidio de Martínez, remisero de la localidad norteña; pocas horas después, el sospechoso fue detenido por el accionar policial y se le secuestró en su domicilio el arma homicida.
El escrito de los ministros precisa que el detenido, Joaquín Carrizo, resultó registrar 13 causas penales y se encontraba en libertad por decisiones judiciales previas: "A pesar de que un análisis mínimamente riguroso de sus antecedentes permitía advertir con claridad el riesgo concreto de que su conducta violenta derivara en una tragedia".
La demanda presentada por el Poder Ejecutivo sostiene que "el accionar del juez Martelossi, amparado en un garantismo mal entendido y desprovisto de responsabilidad institucional, pone en riesgo el funcionamiento y la credibilidad del sistema penal en su conjunto.
En nuestra doble condición de ciudadanos y de funcionarios de un gobierno que ha demostrado un compromiso firme con la protección de derechos y garantías para toda la sociedad, consideramos no solo pertinente, sino necesario, reclamar su destitución, en resguardo de los principios fundamentales que deben regir la administración de justicia".
Fuente: ellitoral.com
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