La cancillería ecuatoriana indicó en un comunicado que las deportaciones fueron anunciadas a Bogotá desde el 8 de julio y se realizan con "respeto a los derechos humanos" y tras una revisión individual de cada caso, por lo que criticó "la afirmación de una supuesta deportación colectiva".
Mientras tanto, la cancillería colombiana presentó una nota de protesta diplomática ante Quito por considerar que la deportación se realizó de "manera unilateral" e "incumpliendo" el derecho internacional.
La gobernadora de Carchi, Diana Pozo, declaró a la prensa en el puente fronterizo de Rumichaca, en las afueras de Tulcán: "Hemos realizado un trabajo interinstitucional con Migración de Colombia y Ecuador para que este proceso de deportación sea ágil y no haya un colapso en el puente".
Sin embargo, las autoridades colombianas aseguran que no fueron notificadas; el secretario de Gobierno del municipio de Ipiales, Juan Morales colombiano, sostuvo que "El problema que hemos tenido es que al no informarnos, no teníamos un plan de contingencia" para recibirlos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia indicó en un comunicado que Quito inició la deportación "desatendiendo las respetuosas y reiteradas" solicitudes que le hicieran para generar antes un protocolo. Además tildó la medida de "gesto inamistoso".
Fuente: dw.com
wdm.
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