La Justicia rechazó el acuerdo económico que proponían los empresarios acusados para evitar el juicio en la "causa cuadernos"
Se trata 50 ejecutivos que ofrecían una reparación integral, a cambio de que se anule la acusación en su contra, en el debate previsto que arranque el 6 de noviembre.
En línea con la postura de la fiscal Fabiana León, que rechazó de manera tajante un posible acuerdo al sostener que "la corrupción se juzga" y "la honra no se paga", los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli resolvieron que todos los imputados enfrenten el juicio.
En la audiencia previa, la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el expediente, también solicitó rechazar los ofrecimientos.
En la misma línea se expresó el chofer Oscar Centeno.
Entre agosto y septiembre de 2025, las defensas de empresarios como Aldo Benito Roggio, Cristóbal López, Ángel Calcaterra y ex funcionarios como Juan Manuel Abal Medina, entre otros, ofrecieron sumas que en algunos casos superaban los mil millones de pesos para reparar integralmente el daño y extinguir la acción penal.
Los montos se calcularon con base en los embargos fijados por la Cámara Federal, actualizados con la tasa activa del Banco Nación.
Roberto Juan Orazi, uno de los primeros en hacer el planteo, ofreció $ 136.403.400. Hugo Dragonetti propuso $ 1.421.195.500, mientras que Cristóbal López llegó a ofrecer más de mil millones de pesos.
La fiscal Fabiana León se opuso frontalmente a la aplicación del instituto; en la audiencia del 12 de septiembre, sostuvo que se trata de "un caso de gran corrupción en el que se encuentran involucrados agentes estatales y empresarios" y que admitir las propuestas "significaría banalizar delitos de corrupción sistémica y mercantilizar el proceso penal", además afirmó "Esta fiscalía no vende impunidad".
León agregó que el daño ocasionado "excede lo patrimonial" y alcanza "dimensiones institucionales, políticas y sociales que solo pueden repararse a través de un debate oral y público".
La Unidad de Información Financiera (UIF) también se opuso, argumentando que los hechos investigados constituyen "delitos de corrupción de extrema gravedad institucional" y que aceptar las propuestas sería "enviar un mensaje de impunidad".
Las defensas sostuvieron que la reparación integral es un instituto plenamente vigente desde la sanción de la ley 27.147 en 2015, que no requiere conformidad fiscal y que permite extinguir la acción penal cuando se repara completamente el daño causado.
Fuente: cronista.com
wdm.
0 Comentarios