La UBA irá a la Justicia para que Javier Milei cumpla con la ley de Financiamiento Universitario
La ley establece un esquema de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente.
También contempla recursos para becas estudiantiles, tecnología, investigación y formación académica, con la actualización de salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según estimaciones oficiales, demandaría $1,07 billones en 2025 y más de $ 2 billones en 2026.
En este marco, el Consejo Superior de la UBA resolvió avanzar con medidas para que se garantice “el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.
De acuerdo a la resolución de la UBA, el decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley "altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación".
Además, consideran que implica "la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.
En un comunicado, la UBA denunció que el sistema universitario y, en particular dicha casa de estudios, enfrenta "una crisis presupuestaria sin precedentes", dado que "Las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron rápidamente desfasadas frente a la inflación y durante el 2024 los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de la Universidad sufrieron una pérdida de su poder adquisitivo de más del 40%".
Según señalaron las autoridades universitarias, durante el año 2025, la recomposición salarial "ha sido mucho menor que la inflación oficial medida por el INDEC", lo cual ha profundizado aún más dicha pérdida.
Para finalizar, el Consejo Superior, advirtió: “La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.
Fuente: ambito.com
wdm.
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