Casación confirmó que CFK y los condenados de la Causa Vialidad deben pagar $ 685.000 millones
La decisión confirma la resolución del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), encargado de ejecutar la pena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por la que la exmandataria fue condenada a seis años de prisión.
El TOF 2 había intimado el pasado 15 de julio a todos los responsables de la maniobra a depositar la suma en un plazo de diez días hábiles, luego de que los peritos contables de la Corte Suprema de Justicia actualizaran el valor del perjuicio económico.
El monto original, establecido en la sentencia de juicio, era de $ 85.000 millones, pero fue recalculado en junio a $ 684.990 millones, reflejando la magnitud actualizada del daño al erario público.
La Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, resolvió por unanimidad que la condena de diciembre de 2022 está firme desde la intervención de la Corte Suprema en junio pasado, lo que "clausura cualquier debate sobre la procedencia o extensión del decomiso".
Los magistrados sostuvieron que el decomiso es una "consecuencia legal e imperativa" de la condena penal prevista en el artículo 23 del Código Penal, y que se trata de una sanción derivada directamente del delito comprobado.
Al respaldar la cifra de $ 684.990 millones, los camaristas ratificaron la validez del informe técnico elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y el criterio metodológico aplicado por el Ministerio Público Fiscal, que empleó el índice de precios al consumidor (IPC) para actualizar el monto del fraude.
Según indicó el perito contador de parte, los informes "garantizan independencia, imparcialidad y solidez técnica", desestimando los cálculos alternativos de la defensa, que proponían una cifra sustancialmente inferior: $ 42.494.357.845,17.
Los jueces rechazaron también el pedido de la defensa de suspender la ejecución del decomiso, así como las adhesiones presentadas por las defensas de Lázaro Báez, José López y Mauricio Collareda; en su resolución, la Sala IV remarcó que los argumentos de las defensas "no acreditan relación directa e inmediata entre la materia del pleito y las cuestiones federales invocadas", por lo que no justifican la revisión de la decisión.
La confirmación del máximo tribunal penal habilita al juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la pena en el caso Vialidad, a avanzar con la ejecución patrimonial inmediata sobre los bienes de los condenados.
En esa línea, el fiscal general Diego Luciani presentó un inventario que incluye 20 inmuebles pertenecientes a Cristina Kirchner y 89 propiedades de Lázaro Báez, además de vehículos, cuentas bancarias y sociedades comerciales vinculadas.
Fuente: elintransigente.com
wdm.
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