El Gobierno y CGT abren una negociación de urgencia para evitar un choque por la reforma laboral en el Congreso
La mesa de diálogo deberá funcionar contrarreloj: el 15 de diciembre se publicará la versión definitiva del texto que será enviado al Congreso para ser discutido durante las sesiones extraordinarias.
Según confirmaron fuentes oficiales, el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, serán los encargados de conducir la negociación con el sindicalismo.
La aproximación entre ambas partes comenzó hace diez días, cuando Santilli se cruzó con los cotitulares de la CGT en la conferencia industrial de la UIA.
El funcionario les prometió una convocatoria formal y les pidió no guiarse por filtraciones. Dentro de la central obrera, sin embargo, reina el escepticismo.
El último jueves, tras una reunión con diputados sindicales, lanzó una advertencia directa al Gobierno: “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”. 
La central trabaja en una contrapropuesta basada en el último borrador oficial y apunta a defender especialmente los aspectos del derecho colectivo.
Entre los artículos que la central pretende bloquear figuran:
- La reglamentación del derecho de huelga en servicios esenciales.
- La limitación de la ultraactividad.
- La prioridad de convenios por empresa sobre convenios sectoriales.
- La restricción de cuotas solidarias.
- La regulación de asambleas en las empresas.
En el Gobierno consideran que los mayores rechazos apuntan a estos puntos colectivos, mientras que temas del ámbito individual, como banco de horas o fraccionamiento de vacaciones, suelen negociarse sin conflicto en las empresas.
La mayor preocupación sindical sigue siendo la limitación de las cuotas solidarias, un mecanismo que financia el 100% de los sindicatos y cuyo recorte, según la CGT, podría generar una crisis inédita.
El propio Armando Cavalieri ya había advertido que, sin esas retenciones, el gremio de Comercio “iba a ir a la quiebra”.
En Casa Rosada admiten que ese punto divide aguas incluso entre los funcionarios libertarios; Federico Sturzenegger no quiere ceder (“es un peaje sindical”, dijo), mientras que otros sectores proponen un esquema más moderado: topes de hasta el 2% del salario y obligatoriedad de contraprestación explícita a los trabajadores.
Fuente: elintransigente.com
wdm.
0 Comentarios