En el marco de la profunda auditoría que atraviesa la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional confirmó el hallazgo de una irregularidad sistémica: 178.000 beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) figuran como fallecidos; la detección de estos certificados activos a nombre de personas muertas representa un nuevo capítulo en la purga del organismo tras la salida de su anterior titular.
La detección de la anomalía fue posible gracias a un cotejo de información entre las bases de la ANDIS y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Según fuentes del Ejecutivo, la cifra final se conoció en las últimas horas y la orden es inmediata: dar de baja la totalidad de esos certificados para frenar cualquier erogación de recursos públicos vinculada a ellos.
Acciones legales contra prestadores y particulares
El Gobierno no se limitará a la baja administrativa y, en esa línea, el Ministerio de Salud, bajo la órbita de Mario Lugones, ya evalúa una estrategia legal para recuperar fondos y castigar a los responsables.
Los ejes de la investigación judicial serán:
Cobros indebidos: acciones contra quienes hayan usufructuado los beneficios del CUD (transporte, asignaciones, exenciones) a nombre de fallecidos.
La ruta de los prestadores: se investigará a los centros y profesionales que facturaron servicios por atención a pacientes que ya habían muerto.
Investigación interna: una auditoría de la SIGEN busca determinar si hubo connivencia de funcionarios para mantener estos certificados activos.
Desde el gobierno resaltaron que "Es una estafa al Estado lisa y llana" y calificaron el desvío de fondos como una maniobra de defraudación masiva.
Fuente: Gobierno Nacional
wdm.
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