Allanaron al director del Servicio Penitenciario Federal por presuntos vínculos con una empresa que provee comida en mal estado a los presos

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó el pasado viernes allanar las oficinas de Fernando Julián Martínez, el director del SPF, por un presunto vínculo entre el funcionario y la empresa que provee comida en el penal de Ezeiza. 
El allanamiento realizado en la oficina del director del SPF, que asumió su cargo en 2024, nombrado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se ejecutó a las 11.30 de la mañana del viernes y, las fuentes policiales informaron que cuando Martínez entregó su teléfono a la Justicia, notaron que no había puesto a disposición el de todos los días sino un aparato viejo y en desuso. 
Al comprobar que no era el celular que buscaban, los oficiales de Justicia requirieron, por orden del juez, que entregue el que correspondía; sin embargo, Martínez adujo, sorpresivamente, que lo había “extraviado” ese mismo día. 
Villena sospechó de la actitud del funcionario y pidió que mapearan los últimos impactos del teléfono del director del Servicio en las antenas de telefonía celular y los resultados de la investigación sobre la trazabilidad del celular “perdido” sorprendieron todavía más al juez cuando le entregaron el informe de que la última señal de conexión había sido ese mismo día, una hora antes del allanamiento y la zona donde impactó fue cerca del estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas. 
El horario de la última conexión resultó inquietante para la Justicia; una fuente con acceso a la investigación ironizó: “O fue mucha casualidad o alguien le avisó que iban a allanar”, e incluso fue más allá: “Villena podría haber detenido ahí mismo a Martínez, porque lo que hizo fue muy grave, pero evidentemente prefirió no generar un escándalo institucional, total tiene tiempo para seguir investigando”. La razón por la que Villena decidió allanar el viernes no habría sido casual, dado que ese mismo día se resolvía la nueva licitación para la provisión de comida en la Unidad Penal de Ezeiza, donde se alojan cerca de 2.000 personas privadas de su libertad y que volvió a obtener la empresa Bio Limp. 
Fuente: infobae.com 
wdm.

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