La Justicia ordenó la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad
El magistrado hizo lugar a un amparo colectivo presentado por familiares de personas con discapacidad contra el Estado Nacional y la Presidencia de la Nación, aunque la medida puede ser apelada por el Poder Ejecutivo todavía.
En el fallo, González Charvay declaró la invalidez del artículo 2 del decreto 681/25, por el cual el Gobierno le pidió al Congreso que "en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 24.629" incluya "las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley", cuando en realidad la norma facultó al jefe de Gabinete a reasignar partidas para su implementación.
El juez federal destacó la gravedad del escenario que enfrentan las personas con discapacidad, en particular niños y adultos mayores y remarcó la necesidad de brindarles una protección reforzada, también hizo referencia a la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció el derecho autónomo al cuidado y la obligación del Estado de garantizarlo.
Asimismo, desestimó los argumentos del Poder Ejecutivo Nacional sobre supuestos hechos nuevos vinculados al debate presupuestario en el Congreso, al considerarlos ajenos a la cuestión central del caso.
La ley se sancionó el 10 de julio pasado, tras haber sido votada por más de dos tercios de los votos en ambas cámaras, misma mayoría que después del veto presidencial ratificó la norma; obligado constitucionalmente a promulgarla, el PEN publicó el decreto el 22 de septiembre, pero bajo esa condición, no la aplicó.
El amparo colectivo presentado tuvo el aval de la Asociación Civil Colectivo 3 de diciembre; de la Asociación Civil Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social; de la Asociación Civil Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos; de la FAICA; de la CAIDIS; de la AIEPESA y de la ATAECaDis, entre varias más.
Fuente: parlamentario.com
wdm.
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