España prepara una regularización que podría favorecer a más de 40.000 argentinos

El Gobierno español anunció el martes la aprobación de un Real Decreto para regularizar de forma extraordinaria la situación de más de 500.000 personas en situación irregular, incluidos miles de argentinos que residen en ese país, lo que les permitiría acceder a permisos de residencia y trabajo si cumplen ciertos requisitos. 

La iniciativa no requiere debate parlamentario y está orientada a quienes puedan demostrar que han vivido en el país desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten al menos cinco meses de estancia continuos, además de no contar con antecedentes penales. 

Según estimaciones periodísticas citadas por medios argentinos, la regularización podría beneficiar a más de 42.000 ciudadanos nacidos en Argentina que residen en España bajo condiciones irregulares y que cumplen con los requisitos establecidos por el Gobierno español. 

La medida tiene un impacto directo en uno de los principales destinos de emigración argentina; España fue históricamente elegido por miles de argentinos en busca de oportunidades laborales, educativas o familiares y en los últimos años esa comunidad ha crecido de manera sostenida. 

Los interesados en acogerse a esta regularización deberán demostrar su estancia en territorio español desde antes de fines de 2025, con documentos como empadronamientos, contratos de alquiler, facturas de servicios o incluso justificantes de citas médicas, entre otras opciones aceptadas por las autoridades. Una vez presentada la solicitud, los aspirantes quedarán habilitados para trabajar en cualquier sector y en cualquier parte del país desde el primer día de aprobación de su expediente, siempre que cumplan con las condiciones del decreto. 

La medida se presenta como un intento de ordenar una realidad social que lleva años en la agenda política española y de reconocer el aporte de inmigrantes al mercado laboral y a la cohesión social. Las organizaciones sociales y sindicatos celebraron el avance, aunque desde sectores de oposición se han planteado críticas que alertan sobre posibles efectos en la gestión migratoria. 

La regularización también fortalecería la integración de trabajadores que ya forman parte del tejido productivo español en sectores como servicios, construcción y otros rubros con alta demanda de mano de obra. 

Se estima que las solicitudes se abran formalmente entre abril y junio de 2026, tras la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las autoridades españolas deberán definir los detalles operativos, como oficinas habilitadas y formularios para iniciar los trámites. 

Fuente: ellitoral.com 

wdm.