Jorge Macri promulgó la creación del Servicio Penitenciario porteño
Ambas fueron sancionadas por la Legislatura en noviembre y buscan dotar al distrito de un marco regulatorio propio para la gestión penitenciaria.
En paralelo, continúan las obras en Marcos Paz para trasladar a detenidos de Devoto y aliviar la situación en comisarías.
Las leyes 6.923 y 6.924 fueron publicadas en el Boletín Oficial con las firmas de Macri, del jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny y de los ministros Gabino Tapia y Gustavo Arengo.
Su aprobación contó con 55 votos afirmativos y tres negativos en la última sesión ordinaria del año, tras un extenso debate en comisiones.
El nuevo Servicio Penitenciario y de Reintegración Social será un organismo civil, especializado y desconcentrado, dependiente del Ministerio de Justicia y tendrá a su cargo la custodia y el tratamiento de personas privadas de la libertad, así como de quienes cumplan penas no privativas, actuando como auxiliar del Poder Judicial.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el Plan de Vida, un esquema de objetivos y compromisos acordados con cada persona detenida para favorecer su reinserción social.
El proyecto prevé acceso a educación, salud, capacitación laboral y acompañamiento interdisciplinario durante todo el proceso.
Además de garantizar el cumplimiento de la pena, el servicio buscará promover procesos formativos que permitan alcanzar las metas del Plan de Vida, con el fin de reducir la reincidencia y fortalecer los vínculos sociales.
La normativa subraya la importancia de la educación, el trabajo y la salud como pilares del tratamiento penitenciario; la conducción del organismo y de los establecimientos penitenciarios estará a cargo de personal civil.
La ley establece que su funcionamiento deberá basarse en el respeto a los derechos humanos y en la promoción de actividades educativas, deportivas y culturales.
El SPRS fue declarado un servicio esencial del Estado, lo que implica asegurar la continuidad de sus funciones, el orden institucional y la protección integral tanto de las personas alojadas como del personal y de la sociedad.
La estructura orgánica incluirá una Dirección General con mandato de cinco años, una Subdirección General y tres direcciones específicas: Seguridad Penitenciaria; Diagnóstico, Tratamiento y Plan de Vida; y Recursos Humanos y Bienestar Laboral.
La formación del personal se dividirá en dos cuerpos: el de Agentes de Seguridad Penitenciaria, una fuerza civil armada orientada a la custodia y prevención, y el de Agentes de Reintegración Social, integrado por profesionales y técnicos dedicados al tratamiento progresivo, la educación, la salud mental y el acompañamiento familiar.
También se publicó la Ley de Ejecución de la Pena, que permitirá a la Ciudad asumir por primera vez esa competencia.
Desde el Gobierno porteño destacaron que su objetivo es que el condenado comprenda la gravedad del delito, respete la ley y logre su reintegración social; la normativa incorpora además mecanismos que reconocen a las víctimas el derecho a la reparación por parte de los responsables.
Fuente: parlamentario.com
wdm.
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