La Corte federal de EEUU rechazó la demanda de los palestinos estadounidenses que pedían la evacuación de Gaza
La decisión sostiene que el tipo de solicitud planteada corresponde al ámbito de la política exterior y la seguridad nacional, áreas que tradicionalmente quedan bajo la discreción del poder ejecutivo y no del judicial.
Nueve estadounidenses palestinos, todos ellos ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, presentaron una demanda en diciembre de 2024, acusando al gobierno de Estados Unidos de violar su derecho constitucional a la igualdad de protección al abandonarlos en una zona de guerra y no evacuarlos tan fácilmente como evacuaría a otros estadounidenses.
En su presentación sostuvieron que las casas destruidas, la escasez de alimentos, la mala atención médica, la angustia mental y otras dificultades imponían al gobierno un “deber obligatorio y no discrecional” de evacuar a la gente de Gaza.
El juez también señaló que la evidencia disponible mostraba que el gobierno de Estados Unidos había desarrollado un plan de evacuación y que los nueve demandantes ya habían sido evacuados o habían rechazado ofertas que no incluían a sus familiares inmediatos.
Los demandantes argumentaban que, como ciudadanos estadounidenses, el gobierno tenía la obligación de garantizar su protección y evacuación en un contexto de conflicto armado y crisis humanitaria. Sin embargo, el tribunal concluyó que no existe un derecho legalmente exigible que obligue al Estado a llevar a cabo operaciones de rescate en una zona de guerra extranjera.
En el fallo, el juez subrayó que ordenar una evacuación o intervención directa implicaría decisiones diplomáticas y militares complejas, que exceden las competencias de un tribunal.
También indicó que aceptar la demanda abriría la puerta a que los jueces intervinieran en asuntos que la Constitución reserva al poder político.
La resolución se produce en medio de un intenso debate en Estados Unidos sobre el papel del gobierno frente a ciudadanos atrapados en zonas de conflicto. Aunque el Departamento de Estado suele emitir recomendaciones de viaje y ofrecer asistencia consular limitada, los tribunales han reiterado que estas acciones no constituyen una obligación legal absoluta.
Las Organizaciones de derechos civiles criticaron la decisión, señalando que deja a ciudadanos estadounidenses sin una vía judicial clara para exigir protección en contextos extremos.
Por su parte, expertos en derecho constitucional sostienen que el fallo mantiene la separación de poderes y evita que la justicia interfiera en decisiones estratégicas del Ejecutivo.
El caso refleja las tensiones entre las expectativas de protección por parte del Estado y los límites legales de esa responsabilidad cuando se trata de conflictos internacionales.
Aunque la demanda fue rechazada, el debate político y social sobre la asistencia a ciudadanos en zonas de guerra continúa abierto.
Fuente: aurora-israel.co.il
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