La diputada Florencia Carignano pidió explicaciones al Gobierno por las presuntas irregularidades en las licitaciones de Nucleoeléctrica Argentina
La iniciativa se apoya en denuncias internas y trascendidos periodísticos que apuntan a presuntas irregularidades en una licitación de servicios de limpieza y en otros contratos vinculados a la gestión de la empresa.
El proyecto solicita que el Ejecutivo informe todos los procesos licitatorios impulsados bajo la gestión de Reidel, así como la existencia de un concurso para contratar servicios de limpieza durante 2025/2026.
También requiere el detalle de las empresas que prestan actualmente ese servicio, los valores de las contrataciones, el monto e identidad de la adjudicataria anterior y las razones técnicas, económicas y administrativas que explicarían un incremento de más del 140% respecto del contrato previo, así lo denunció un gerente de Atucha I‑II ante el Comité de Integridad de la empresa.
El pedido de Carignano también apunta a las razones por las cuales se dio de baja la licitación observada y solicita que el Ejecutivo precise si los valores utilizados tuvieron en cuenta los de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Según técnicos citados en la presentación, incluso esos valores de referencia habrían sido superados en casi un 60%, lo que habría motivado objeciones de áreas internas.
La diputada reclama además información sobre el estado de la denuncia interna presentada ante el Comité de Integridad y sobre los vínculos contractuales de LX Argentina S.A. con NA‑SA.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto está vinculado al proceso de migración del sistema SAP a HANA, cuyo presupuesto inicial habría sido de u$s 600 mil, pero que terminó costando u$s 7 millones.
El pedido exige explicaciones sobre esa diferencia.
Carignano incluyó también un requerimiento para conocer los gastos realizados con las tarjetas corporativas de la empresa y solicita saber si, al momento de la designación de Reidel, se evaluaron sus antecedentes crediticios.
Según datos mencionados en los fundamentos, el actual presidente de la compañía tendría deudas por más de $ 880 millones, categorizadas por el Banco Macro como de “alto riesgo de insolvencia”, además de haber incrementado los gastos en viajes y representación.
En los fundamentos del proyecto, la legisladora advierte que NA‑SA atraviesa un proceso de deterioro institucional desde el cambio de autoridades, marcado por desplazamientos de personal técnico, reestructuraciones sin planificación, conflictos laborales y señalamientos de presiones internas para avalar procesos irregulares.
A su vez, vincula estas situaciones con la decisión del Poder Ejecutivo de incluir a la empresa —responsable de la operación de Atucha I, Atucha II y Embalse— entre las sujetas a privatización.
Carignano sostiene que las denuncias y la falta de explicaciones por parte de la conducción de la empresa no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un escenario que, a su entender, busca debilitar la credibilidad y el funcionamiento de una compañía estratégica para la soberanía energética del país; por eso, exhorta al resto de los diputados a acompañar el pedido de informes para que el Gobierno precise la situación administrativa y financiera de NA‑SA.
Fuente: parlamentario.com
wdm.
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