El Gobierno denunció a la ex presidente ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo Miranda, por un caso de presunta corrupción en la compra de terreno y construcción de unas oficinas de esa institución en Tarija.
En una entrevista con el programa Influyentes de ED24, el viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que la investigación penal ya fue formalizada y que “el miércoles el Ministerio Público designó a un fiscal anticorrupción a cargo”.
La ex funcionaria del gobierno de Luis Arce es acusada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, entre otros.
García añadió: “Se determinó un posible daño económico de más de 10 millones de bolivianos en el proyecto de adquisición del terreno y la ejecución de las oficinas de la Aduana en Tarija”.
La autoridad gubernamental explicó que, en primer lugar, se ha identificado un posible “direccionamiento” en el proceso de adquisición del terreno “a favor de un vendedor” que ofrecía a un monto más elevado que otro proponente (se conoce que un proponente ofreció el terreno a Bs 1.816.513 y otro a Bs 2.784.000).
Además, según el viceministro, el primer proponente ofertó el terreno con todas características requeridas y el segundo ofreció una propiedad “que no tenía los papeles en regla, no tenía el derecho propietario individualizado y no tenía las facilidades para el acceso de la población a través de calles adyacentes”.
Finalmente el terreno fue comprado a ese segundo proponente y “prueba de que no tenía ni papeles es que dos años después se regularizó recién el derecho propietario”.
En el terreno comprado con “sobreprecio”, se construyeron las nuevas oficinas de la Aduana con la ejecución de un proyecto que costó Bs 22.618.549.
Pero “resulta que el precio aproximado por metro cuadrado de la construcción en la ciudad de Tarija, hacia la fecha del inicio del proceso de contratación, estaba aproximadamente en u$s 300 con materiales razonables y en este caso el precio del metro cuadrado, contratado para la Aduana, fue de u$s 1.000, por lo que también evidenciamos indicios claros de sobreprecio”.
Asimismo, García cuestionó la utilidad del proyecto. Dijo que, pese a una inversión total de más de 24 millones de bolivianos para resolver problemas de infraestructura, se continuó alquilando otros dos bienes inmuebles. Entonces, “también existió errores en la planificación”.
Fuente: eldeber.com.bo
wdm.
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