La Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) declaró paro indefinido y movilización a escala nacional desde las 00:00 del lunes 12 de enero, en rechazo a los decretos supremos 5503, 5509 y 5515, una decisión que amenaza con profundizar el desabastecimiento de alimentos y la presión sobre los precios en las ciudades del país.
De acuerdo con el voto resolutivo aprobado por su Comité Ejecutivo Nacional, la medida instruye el cierre de mataderos, cámaras frigoríficas, ferias, mercados y puestos de venta de carne, como parte de una “presión contundente” para exigir la abrogación total de las normas cuestionadas.
El instructivo establece además que todas las federaciones, asociaciones y sectores afiliados deberán acatar la determinación sin excepción.
El sector cárnico se declaró en “estado de emergencia” y justificó la paralización como una acción en defensa de los trabajadores del rubro y de la canasta familiar; sin embargo, la decisión se adopta en un contexto de alta conflictividad social en Bolivia, donde los bloqueos de caminos impulsados por otros sectores ya afectaron el transporte interdepartamental y provocado alzas en los precios de productos básicos, especialmente en el occidente del país.
La paralización del circuito de la carne añade un nuevo frente de presión a una economía golpeada por restricciones logísticas, menor oferta de alimentos y un clima de incertidumbre para comerciantes y consumidores.
En los mercados urbanos, la carne es uno de los productos más sensibles a cualquier interrupción en la cadena de suministro, lo que anticipa un impacto inmediato en el bolsillo de las familias.
Mientras Contracabol sostiene que su medida busca proteger a los trabajadores y a la población, analistas advierten que el cierre del rubro cárnico, sumado a los bloqueos vigentes, traslada el costo del conflicto a los consumidores finales y agrava la escalada de precios, en un momento en el que el país ya enfrenta tensiones sociales y económicas crecientes.
El anuncio del paro indefinido refuerza el escenario de presión sobre el Gobierno, pero también eleva el riesgo de desabastecimiento y malestar social, con efectos directos en la vida cotidiana de la población.
Fuente: eldeber.com.bo
wdm.
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