El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza declaró este martes culpable al exjuez federal Walter Bento (62) por corrupción, al considerarlo jefe de una asociación ilícita destinada a “obtener dinero a cambio de decisiones judiciales ilegítimas”, además de hallarlo responsable por cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de prueba.
El veredicto fue dictado por unanimidad, pasadas las 16 y dejó para una instancia posterior la determinación de las penas, que se resolverá este miércoles en una audiencia de cesura.
En su decisión, el tribunal declaró la responsabilidad penal de Walter Ricardo Bento por el delito de asociación ilícita, en c1idad de jefe, en concurso real con el delito de cohecho pasivo, por ocho hechos, en calidad de autor.
Esos hechos corresponden a los casos N° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10 analizados durante el debate oral; a su vez, fue condenado en concurso real con los delitos de enriquecimiento ilícto, lavado de activos agravado —por haber sido cometido como miembro de una banda y en ejercicio u ocasión de su carácter de funcionario público—, falsedad ideológica por dos hechos y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir de prueba, con imposición de costas.
La sentencia afirmó que la intervención del exjuez fue determinante: “Seleccionó oportunidades de inversión, definió la estructura de titularidad y canalizó fondos a través de la estructura familiar”.
El tribunal agregó que seleccionó de manera deliberada a los integrantes del grupo familiar que aparecerían como titulares de los bienes, con operaciones propias y cruzadas entre su esposa Marta Boiza y sus hijos Luciano y Nahuel Bento, orientadas a disimular el origen ilícito del dinero.
En ese análisis, las juezas destacaron un aspecto particularmente sensible del caso: la utilización de un hijo del matrimonio con discapacidad severa como parte del esquema patrimonial.
El tribunal afirmó: “En este entramado no dejaron afuera a su hijo con discapacidad: pusieron bienes a su nombre, consagrándolo propietario de inmuebles, vehículos y locales”.
Para las magistradas, su situación personal fue instrumentalizada para justificar titularidades y dar apariencia de legalidad a los fondos, “En todo este escenario se advierten tipologías típicas como indicadores de lavado de activos”.
Fuente: infobae.com
wdm.
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