La diputada Graciela Ocaña le pidió al Gobierno la intervención de la obra social de Camioneros

La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Confianza y Desarrollo, Graciela Ocaña, solicitó formalmente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) la intervención de la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA) por supuestas irregularidades en la administración de fondos y por la prestación inadecuada de servicios de salud a sus afiliados. 

En la nota dirigida al superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, la legisladora fundamentó el pedido en lo dispuesto por el artículo 27 inciso 3° de la ley 23.660, que otorga a la autoridad sanitaria nacional la facultad de intervenir obras sociales ante deficiencias graves en su funcionamiento administrativo o prestacional y sostiene que la OSCHOCA arrastra problemas de administración de recursos y deficiencias en la atención a sus 190 mil afiliados, además remarca que “El gremio de Camioneros maneja cifras siderales, lo mismo que su obra social. 

En su presentación, la legisladora documenta denuncias formales previas, iniciadas en el año 2006 y repasa actuaciones judiciales como la causa 18304/2006, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11. 

En ese expediente se investigó el presunto desvío de fondos de OSCHOCA hacia empresas vinculadas familiarmente al líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano y su entorno, principalmente a través de la sociedad IARAI S.A., que gerenciaba la obra social bajo el nombre “Conducir Salud”. Según Ocaña, el balance de IARAI del 31 de agosto de 2005 mostró una pérdida de $223.640,48, atribuible a baja facturación; al año siguiente, tras comenzar a gestionar la obra social, la ganancia reportada ascendió a $ 2.000.660,31 con una facturación que pasó a $ 22.787.897,45; el informe describe una suba equivalente a 373 veces respecto del período previo. 

Ocaña añade que en 2013 la Unidad de Información Financiera (UIF) denunció ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) maniobras de triangulación de dinero entre la obra social y diversas firmas, incluyendo IARAI S.A., ACONRA S.A. y Dixey S.A., controladas por allegados a Moyano; la UIF vinculó esas operaciones a la supuesta sustracción de más de $ 570 millones.

En una ampliación de denuncia presentada en 2018, la diputada porteña menciona la utilización repetida del mecanismo por el cual OSCHOCA funcionaba, según los documentos citados, como prestamista y proveedora de créditos hacia firmas del mismo grupo familiar, mientras la situación económico-financiera de la obra social mostraba deterioro y subraya un capital de trabajo negativo, baja liquidez e índices patrimoniales debajo de los valores aceptados para el sector. 

Fuente: infobae.com 

wdm.