Maximiliano Ferraro afirmó que “La reforma a la ley de glaciares es regresiva e innecesaria y se va a judicializar”
Al hacer referencia al proyecto de Ley, el legislador expresó: "Es totalmente regresiva e innecesaria; se pretende una modificación encubierta del artículo 41 de la Constitución Nacional, que es el que establece, nada más y nada menos, que existan leyes de presupuestos mínimos para el cuidado del medio ambiente, en este caso particular la protección de los glaciares y el ambiente peligracial; segundo, porque no es una ley que haya atentado contra el desarrollo minero: durante el período 2001-2009, es decir, sin ley de Glaciares, las inversiones mineras fueron de u$s 12 mil millones, entre 2015 y 2025, con ley de Glaciares, las inversiones ascendieron a u$s 45 mil millones, lo que significa un crecimiento del 270% y tercero, porque se trata de una reforma que pareciera estar claramente redactada por el regulado, que en este caso son muchas empresas mineras".
Ferraro remarcó que el artículo 3 bis es sugestivo: incluye un principio precautorio que establece que el ambiente glaciar y periglaciar estarán protegidos “hasta que” las autoridades de aplicación determinen que no son reservas de recursos hídricos estratégicos o proveedores de agua para cuencas hidrográficas. Pareciera que este artículo, como otros, fueron escritos por los regulados más que por el regulador, es decir, el Estado.
Según señaló, los defensores de la reforma sostienen que no se desprotege el recurso hídrico. Sostienen que la iniciativa solo busca avanzar en los estudios técnicos que permitan establecer a ciencia cierta qué geoformas del ambiente periglacial contienen agua o no para, eventualmente, establecer allí proyectos mineros y, en ese contexto remarcó: "Eo es mentira, porque se debilita totalmente la institucionalidad científica del Ianigla (Instituto Nacional de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).
Ahora las autoridades de aplicación serán las provincias, que podrán determinar qué áreas del ambiente glaciar y periglacial tienen relevancia hídrica. Entonces ahí surgen algunas preguntas: ¿quién va a hacer los estudios de impacto ambiental? ¿Las provincias o las mismas empresas, como sucede en muchísimos lados? Esta reforma pareciera tener nombre y apellido y tiene el nombre y apellido de dos provincias: San Juan, con el proyecto minero Vicuña José María y Mendoza. ¿Acaso las empresas mineras no financiaron las campañas de los gobernadores y viajes de los legisladores? El lobby detrás de esta reforma es tremendo".
Fuente: lanacion.com.ar
wdm.
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