ATE advirtó por el posible despido de 104 científicos y especialistas de la CNEA
Frente a este escenario, los trabajadores y trabajadoras del organismo realizaron una jornada de visibilización dentro del predio del CAB para reclamar la continuidad de los puestos de trabajo y advertir sobre el impacto que tendría una nueva ola de despidos en uno de los centros científicos más importantes de la Argentina.
Según denunciaron desde el sector, muchos de los contratos vienen siendo renovados cada tres meses desde fines de 2025, una modalidad que genera incertidumbre permanente tanto para las familias afectadas como para el funcionamiento de los proyectos de investigación y desarrollo que lleva adelante la institución.
Los trabajadores remarcan que detrás de cada contrato existe conocimiento acumulado durante años, equipos de investigación consolidados y capacidades técnicas difíciles de reemplazar.
La posible desvinculación de más de un centenar de profesionales impactaría en distintas áreas vinculadas al desarrollo nuclear, la investigación aplicada, la formación de recursos humanos y los programas científicos que la CNEA desarrolla junto a universidades, organismos públicos y empresas tecnológicas.
Para los gremios, la situación trasciende una discusión laboral y pone en juego capacidades estratégicas construidas durante décadas por el sistema científico argentino.
En paralelo al reclamo por los contratos, ATE Río Negro denunció a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica por impedir el ingreso de Luis Urra, secretario adjunto de ATE Bariloche, al predio donde se desarrolló la actividad gremial.
Desde el sindicato calificaron la decisión como una conducta "discriminatoria, arbitraria y lesiva de la libertad sindical" y señalaron que la medida vulnera derechos protegidos por la Constitución Nacional, la Ley de Asociaciones Sindicales y los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La organización sindical sostuvo además que la existencia de procesos judiciales pendientes no habilita al organismo a impedir el ejercicio de funciones representativas resueltas por los trabajadores y su sindicato.
Desde ATE exigen la renovación inmediata de los contratos y reclaman garantías para la continuidad de las investigaciones, la preservación de los equipos técnicos y el respeto de la libertad sindical.
Fuente: mundogremial.com
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