Cristina Kirchner recurrió a la Corte para frenar el decomiso de los bienes de sus hijos

Cristina Kirchner, a través de su defensa técnica, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; cvon el objetivo de revertir la orden de decomiso que pesa sobre los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la condena por la Causa Vialidad. 
Esta medida surge como respuesta directa a la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y la posterior ratificación de la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenaron la ejecución de activos para recuperar los fondos sustraídos al Estado mediante la defraudación en la obra pública de Santa Cruz. 
El abogado defensor, Carlos Beraldi, fundamentó el planteo ante la Corte sosteniendo que se ha incurrido en una “interpretación arbitraria” de la ley. 
Según la defensa, el decomiso —regulado por el Artículo 23 del Código Penal— solo debería aplicarse sobre bienes que sean producto directo del ilícito. 
En el escrito, Beraldi señala tres puntos críticos: 
* Violación del derecho de propiedad: sostiene que se están afectando activos de origen legítimo, adquiridos por Néstor y Cristina Kirchner de manera onerosa y previa a los hechos juzgados. 
* Principio de Inocencia: la defensa argumenta que Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en esta causa, por lo que el despojo de sus bienes resultaría inconstitucional. 
* Falta de nexo causal: afirman que la fiscalía no ha logrado probar que estas propiedades específicas sean el “provecho” de la maniobra de defraudación por la que CFK fue condenada a seis años de prisión. El conflicto se centra en un conjunto de 19 inmuebles que la ex presidente cedió a sus hijos en concepto de adelanto de herencia; este patrimonio, ubicado principalmente en la provincia de Santa Cruz, incluye: 
* 10 departamentos en Río Gallegos.
* 2 casas en la capital santacruceña. 
* Varios terrenos de alto valor inmobiliario en la zona de Lago Argentino (El Calafate). 
Para la justicia, el valor total a recuperar asciende a una cifra de más de $ 684.000 millones; el TOF 2 validó que estos activos formen parte del recupero, ya que fueron transferidos o adquiridos dentro del período temporal en el que se desarrolló la maniobra delictiva. 
Fuente: cronista.com 
wdm.

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