El 21 de septiembre entrará en vigencia en La Plata el sistema Acusatorio y en Córdoba el 8 de marzo de 2027
La decisión se fundamenta en los significativos avances alcanzados en materia de infraestructura edilicia, la incorporación de tecnología de punta y la capacitación de los operadores judiciales de la jurisdicción.
Además, a partir del 8 de marzo de 2027, el sistema acusatorio comenzará a regir en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, consolidando el avance de la reforma procesal penal sobre una región estratégica.
Cabe recordar que los resultados en las regiones donde ya se implementó el sistema acusatorio respaldan esta transformación, exhibiendo una tasa de resolución de casos del 82% frente al escaso 43% que alcanzaba el antiguo modelo mixto-inquisitivo.
Esta nueva dinámica no solo agiliza los tiempos procesales para resolver un mayor volumen de causas, sino que además eleva la calidad de las investigaciones en delitos complejos mediante el uso intensivo de audiencias orales y una gestión dinámica coordinada por la Cámara Federal de Casación Penal.
El sistema adversarial puro basado en los principios de oralidad, celeridad, inmediatez, concentración, contradicción, desformalización, audiencias públicas, separación de funciones, investigación a cargo del fiscal y actos jurisdiccionales a cargo del juez y participación central de la víctima está produciendo cambios concretos en la forma en que el Estado investiga y responde frente a los fenómenos criminales más complejos.
En el marco de la planificación estratégica que lleva adelante la cartera de Justicia, se completaron tareas clave como la adecuación y el montaje de salas de audiencias equipadas con sistemas audiovisuales, conectividad y herramientas de registración digital en coordinación con el Consejo de la Magistratura.
Asimismo, se hizo entrega a la Procuración General de la Nación de sistemas UFED y equipamiento asociado para optimizar el análisis forense, asegurando estándares más altos en la preservación de la cadena de custodia y la persecución penal.
Estas inversiones tecnológicas y de infraestructura se complementaron con simulacros de audiencias y talleres de estandarización operativa destinados a magistrados, funcionarios y equipos técnicos.
Este despliegue de una política de Estado sostenida en el tiempo es el resultado de un esquema de trabajo conjunto y coordinado entre el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.
Fuente: argentina.gob.ar
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