Causa "Sueños Compartidos": El fiscal Velazco pidió 6 y 4 años de prisión para los hermanos Schoklender, De Vido y José López

El proceso que juzga las presuntas irregularidades en el programa de viviendas sociales conocido como Sueños Compartidos, que entre 2006 y 2011 manejó la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, ingresó en la recta final.

El fiscal Diego Velazco pidió en su alegato de este miércoles la pena máxima para todos los involucrados en la presunta maniobra de fraude al Estado: 6 y 4 años de prisión, según corresponda. 

El ex ministro de Planificación Julio De Vido integra el primer grupo junto a José López y Abel Fatala, exsecretario y exsubsecretario de Obras Públicas, y los hermanos Schoklender, apoderados de la fundación que ejecutó el programa de viviendas. 

El fiscal señaló: “Fue un hecho de gran corrupción, no por el monto, sino por las estructuras administrativas que estuvieron involucradas, por las personas y funcionarios que estuvieron involucrados y por el tiempo que insumió la maniobra” y agregó: “La pena de 6 años aparece como escasa para retribuir a la sociedad”. 

Sobre los principales funcionarios, dijo: “Todos necesitan de todos, Fatala necesitaba de la autorización de López, que era su superior y a la vez Lopez necesitaba de las instrucciones y de la decisión política del ministro De Vido, que era su superior”. 

Para los ex funcionarios provinciales, Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano, el fiscal pidió la pena máxima de 4 años de prisión, por su calidad de partícipes secundarios. 

A su vez, solicitó un decomiso de más de 200 millones de pesos, que es el desvío de los fondos detectados “egreso por egreso” por la Auditoría General de la Nación (AGN) y pericias contables desarrolladas en la causa. 

El eje de la acusación es que, entre 2008 y 2011, se habrían otorgado de manera irregular convenios para construir viviendas populares, sin licitación, mediante un esquema que involucraba a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación, la Fundación Madres y provincias o municipios. 

Para el programa, el Estado destinó alrededor de $ 1295 millones; de ese total, según la acusación, la Secretaría de Obras Públicas transfirió más de $ 748 millones y de allí habrían sido sustraídos los $ 206 millones que pidió decomisar el fiscal, una cifra que representa más del 23% de la financiación. 

Fuente: lanacion.com.ar 

wdm.