El intendente de La Libertad Avanza de la localidad rionegrina de Allen fue suspendido de su cargo
La medida, fundamentada en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa penal que enfrenta el mandatario.
Mientras dure el apartamiento, el presidente del cuerpo legislativo, Fabián Figueroa (UCR Auténtica), asumirá de forma provisoria el Poder Ejecutivo.
La investigación penal, que tuvo su punto de inflexión el 18 de junio pasado con la formulación de cargos, se centra en el presunto desvío de fondos públicos para beneficio de un tercero.
Según la acusación fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025, Román habría autorizado la compra de un teléfono celular por un valor de $ 479.999 mediante un servicio corporativo a nombre del municipio, sumando los abonos mensuales, el perjuicio total al erario público asciende a $ 596.812,38.
Según la fiscalía, lo más grave del caso, es que el dispositivo fue entregado a Sebastián Ocampo, un empresario de medios local que no posee vínculo contractual ni es agente de la municipalidad.
La fiscal Graciela Echegaray sostuvo que “El delito de partícipe necesario del segundo imputado se configura porque este hombre habría prestado colaboración indispensable para la consumación del ilícito; puntualmente, porque tenía pleno conocimiento de no ser agente público ni poseía designación oficial alguna y aun así recibió el bien del Estado y lo usó” y agregó que “Dicha participación se materializó tanto en la recepción del dispositivo como en un uso activo, interviniendo en la estructura jerárquica municipal”.
En tanto, la justicia de Río Negro ha encuadrado la conducta del intendente bajo los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado (en concurso ideal).
El dictamen legal que avaló la suspensión sostiene que la medida es de carácter “higiénico en términos institucionales” y busca resguardar el desarrollo de la investigación, evitando el entorpecimiento en la producción de pruebas, dado que aún restan testimonios de empleados municipales por recolectar.
El dictamen del asesor legal del Concejo Deliberante aclara que la decisión “de ninguna manera vulnera la presunción de inocencia de la que goza el señor intendente municipal”, ya que se trata de una medida preventiva mientras avanza el proceso judicial.
Tras conocerse la decisión del Concejo, Román rompió el silencio calificando la medida como un “acto tremendamente avasallador, ilegal y anticonstitucional”.
El mandatario sostuvo que se trata de una maniobra basada en “cuestiones partidarias y políticas” para desconocer la soberanía popular.
Fuente: lanacion.com.ar
wdm.
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