La Justicia Federal procesó a Jorge Capitanich por la adjudicación de más de 3 mil hectáreas de tierras fiscales.

Se lo acusa de los delitos de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles. El exjefe de Gabinete anunció que apelará la medida. “Aborrezco la judicialización de la política”, sentenció

La causa se originó en mayo de 2024. Gira en torno a la adjudicación presuntamente irregular de más de 3.600 hectáreas de tierras fiscales a empresarios vinculados con la pareja de la exfuncionaria Marta Soneira. Se trata de la exministra de Desarrollo Territorial y extitular del Instituto de Colonización de Chaco. La mujer también fue procesada.

La decisión del juez federal subrogante de Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, alcanzó también a Mauricio Ariel Cian, pareja de Soneira señalado como beneficiario indirecto de la operación. El procesamiento también se extendió a empresarios ligados con Cian: Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón.

Carbajal, exdiputado nacional de la UCR, avanzó en la denuncia que presentó en mayo de 2024 el actual gobernador Leandro Zdero a través de Ana María Canata, titular del Instituto de Tierras Fiscales. En el expediente interviene el fiscal Carlos Amad, que fue quien solicitó las medidas.

Lo que está bajo la lupa de la Justicia es la adjudicación supuestamente irregular de tierras fiscales. Se trata de cuatro campos rurales en el Departamento Almirante Brown, con una superficie total de 3.635 hectáreas.

El detalle es que dos parcelas de 1.250 hectáreas cada una fueron adjudicadas en 2023 a Storti y Bessone. Además, una de 623 hectáreas y otra de 512 hectáreas fueron entregadas a Pochón.

Los tres empresarios mantendrían relaciones comerciales con Cian. El vínculo se daría a través de empresas dedicadas a la producción agropecuaria. El magistrado entendió, a su vez, que Soneira debería haberse apartado del proceso debido al nexo de su pareja con los otros implicados.

Las sospechas de la investigación se centran en la posible existencia de informes de inspección idénticos elaborados el mismo día. También se analizan traslados y extravíos de documentación institucional clave. Además, existirían presuntos beneficios otorgados a empresas vinculadas con Cian, incluyendo subsidios y exenciones impositivas.

Fuente Prensa
Infobae.

Publicar un comentario

0 Comentarios