La diputada nacional Marcela Pagano (Coherencia) cuestionó la posibilidad de que el Gobierno avance con la derogación de la Ley de Tierras y sostuvo que eliminar los límites para la compra de terrenos por parte de extranjeros representaría un riesgo para la soberanía argentina; a través de una extensa publicación en su cuenta de X, la legisladora planteó que la discusión excede lo económico y tiene implicancias geopolíticas.
El mensaje de la legisladora señala: "¿Por qué derogar la Ley de Tierras es un error geopolítico?" y aseguró que el Ejecutivo busca eliminar "todos los límites a la compra de tierras por extranjeros", incluyendo restricciones en zonas de frontera y áreas cercanas a ríos y lagos; en ese sentido, pidió analizar qué consecuencias tendría esa modificación antes de considerar la medida como una ampliación de la libertad económica.
Según explicó Pagano, la Ley 26.737 no establece una prohibición total para la adquisición de tierras por extranjeros, sino que fija determinados límites; entre ellos mencionó el tope del 15% del territorio nacional en manos extranjeras, el máximo de 1.000 hectáreas en zonas consideradas núcleo productivo y la prohibición de vender terrenos con cuerpos de agua permanentes o ubicados en zonas de frontera.
La diputada afirmó que "La Ley 26.737 no prohíbe: ordena. Limita la tierra en manos extranjeras al 15% del territorio, pone un tope de 1.000 ha en zona núcleo y prohíbe vender tierras con cuerpos de agua permanentes o en zona de frontera; es defensa territorial básica".
En su publicación, Pagano también hizo referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que incluyó la derogación de la normativa mediante el artículo 154. Sin embargo, sostuvo que la Justicia frenó esa decisión a partir de una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) y que una Cámara Federal declaró inconstitucional esa derogación.
Pagano señaló que "El DNU 70/2023 la derogó de un plumazo (art. 154).
La Justicia lo frenó: el amparo del CECIM —excombatientes de Malvinas— logró una cautelar y la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la derogación. La ley sigue vigente. Ahora quieren voltearla por ley".
Fuente: elintransigente.com
wdm.
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