El fiscal federal Carlos Amad imputó a a 15 funcionarios, médicos y otras personas por falsificar documentación para la gestión de pensiones por discapacidad

En el marco de la investigación penal que lleva adelante desde julio de 2024, el fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, imputó el miércoles pasado a quince personas (diez de ellas, funcionarios públicos) por integrar una organización dedicada a falsificar certificados médicos y diversa documentación que permitió la gestión y obtención de pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento de Anta, donde los beneficiarios suman 4.305, más de un 15% de la población local. 

Acompañado por la auxiliar fiscal Roxana Gual, el fiscal Amad (quien destacó el respaldo a la investigación del fiscal de Distrito, Eduardo Villalba) formalizó las acusaciones ante el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, al cabo de una audiencia de siete horas de duración. 

El juez autorizó un plazo de investigación de un año y el registro de anotación de litis por el mismo plazo sobre los bienes de los acusados. 

Se trata de una medida cautelar que implica la publicidad, a través de los registros públicos respectivos, sobre que aquellos bienes son objeto de un litigio. 

Tras la reunión de evidencia en dos tandas de allanamientos (26 en total) realizados en noviembre y junio pasados, el fiscal formalizó la imputación este miércoles contra los médicos José y Humberto B., Julio O., Luis V., César Ramiro Blanco, José Wilson Muñoz Torres, Roberto Bernardino Morales y Francisco Gerardo Orellana y el exgerente del hospital de El Quebrachal, Oscar Luna, quien no es médico sino “licenciado en Comunicaciones”. 

Todos ellos fueron imputados por los delitos de asociación ilícita, en grado de miembro, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de deberes de funcionario público; este último delito no se le imputó a quienes se encuentran individualizados con iniciales, dado que no se desempeñaron en la administración pública. 

Orellana, además de médico, es actualmente diputado provincial por el departamento de Anta, en tanto que Morales se desempeñó como gerente del hospital Enrique Romero, de El Quebrachal. 

Ese cargo también fue ejercido por Blanco y Muñoz Torres, quienes ahora son propietarios, cada uno, de una clínica privada. 

El resto de los médicos acusados, que no desempeñaron cargos públicos, también poseen centros médicos privados en Joaquín V. González. 

Amad expuso que la maniobra consistió en la emisión de certificados de salud falsos y en la adulteración de exámenes médicos que luego eran utilizados para la tramitación de la pensión no contributiva por discapacidad que paga la ANSES. 

Por otra parte, el fiscal imputó con la misma calificación al ex jefe de la sucursal de ANSES en El Quebrachal, Edmundo Dante Salazar; al bioquímico del hospital Francisco Solano de El Galpón, Luciano Benjamín Esteban y a los empleados municipales de El Quebrachal y Joaquín V. González, Manuel Rolando Córdoba, Estela Mary Romano y Luis Casares. 

También fue imputado el kiosquero Hugo M. -a quien no se atribuyó el delito especial para funcionarios públicos- dado que, según explicó el fiscal, desde su local comercial ubicado “a la vuelta” del hospital de El Quebrachal captaba posibles beneficiarios, falsificaba documentación con el uso de la fotocopiadora y cargaba los trámites de las pensiones por Internet. 

Los 26 allanamientos realizados en el caso tuvieron como objetivo domicilios particulares, consultorios privados, hospitales, clínicas privadas y municipalidades, donde se recolectaron listados de personas que pagaban a los involucrados para que realicen el trámite de pensión por discapacidad, que debía ser totalmente gratuito, remarcó el representante del MPF. 

También recordó que se secuestraron teléfonos celulares, algunos de los cuales ya fueron peritados y explicó que los datos extraídos de los dispositivos permitieron corroborar la hipótesis del MPF en cuanto al rol y la participación de cada investigado, a partir de los mensajes enviados entre ellos y la nómina de los pacientes que pagaban y los que faltaban pagar. 

Amad señaló que, si bien en la audiencia se abordó la situación del departamento de Anta, por pedido de la fiscalía la Gendarmería Nacional elaboró un informe que da cuenta de que unos 9.000 beneficiarios no cumplirían los requisitos -por presentación de documentación apócrifa y/o incompleta- de un total de 39.715 pensiones no contributivas por discapacidad vigentes en la ciudad de Salta. 

Luego añadió, a partir de ese dato, que el impacto de las maniobras fraudulentas en torno a esas pensiones sería de $ 3.240 millones por mes y de casi $ 40 mil millones al año.

Fuente: fiscales.gob.ar

wdm.