La UIF pidió la pena máxima para los hermanos Schoklender, De Vido y José López
El alegato de la UIF, a cargo de la abogada Marianela Teich, se desarrolló durante más de tres horas ante el Tribunal Oral Federal 5.
Las penas reclamadas coinciden con las que había formulado a principios de julio el fiscal Diego Velasco.
En la última audiencia, antes de la feria judicial, el fiscal sostuvo que estaba demostrado "la existencia de un esquema criminal pergeñado y organizado entre el Estado Nacional y los responsables del proyecto Misión Sueños Compartidos".
Con el cierre del alegato de la UIF concluyó la etapa de la acusación. A partir de la próxima semana, y hasta fines de agosto, se desarrollarán los alegatos de las defensas, que comenzarán por los abogados de los Nasif y finalizarán con los de De Vido.
El veredicto, a cargo de los jueces Adriana Palliotti, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico, se estima para septiembre u octubre.
La causa investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales entre 2005 y 2011.
Según la acusación, esos recursos fueron canalizados a través de adjudicaciones directas y con condición de exclusividad a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que administraba el programa.
El fiscal Velasco pidió seis años de prisión para los Schoklender, De Vido, López y Fatala; para los ex funcionarios provinciales de Santiago del Estero Daniel y Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin, por otro lado, solicitó cuatro años de cárcel.
Velasco acusó a los imputados de haber montado un "esquema criminal" para desviar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Según la acusación, entre 2008 y 2011 se desviaron más de 206 millones de pesos de los 900 millones asignados por el Estado Nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante la primera presidencia de Cristina Kirchner.
Velasco sostuvo que "nada era gratis; todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla".
El fiscal denunció que los imputados utilizaron la Fundación para eludir los controles estatales habituales, otorgaron beneficios irregulares a los administradores, realizaron modificaciones de obras sin justificación y extendieron de manera ilícita los plazos de ejecución.
El mecanismo de contrataciones, según la fiscalía, fue manipulado en la Ciudad de Buenos Aires; en los municipios bonaerenses de Tigre y Almirante Brown y Ezeiza; las ciudades de Rosario, Santa Fe y San Carlos de Bariloche y las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Misiones.
Después del alegato de la UIF, el proceso avanzará con las exposiciones de las defensas: el tribunal deberá luego deliberar y dictar veredicto en el plazo estimado de septiembre a octubre.
Fuente: diarioepoca.com
wdm.
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