Motomandados cuestionan el desconocimiento del Estado sobre una actividad que lleva 30 años en Chaco
Durante el encuentro fueron presentadas la Ordenanza Municipal N.º 9833, que regula el servicio de motomandados en Resistencia, y la Ley Provincial N.º 3296-L, que contempla además a los trabajadores vinculados a las aplicaciones y plataformas digitales.
La reunión dejó nuevamente expuesta una situación que los trabajadores vienen denunciando desde hace años: el Estado conoce poco, controla mucho y cumple todavía menos con las normas que él mismo sancionó.
“El Estado no puede decir que desconoce las leyes que tiene que hacer cumplir”
Fabio Zerpa fue contundente al referirse al encuentro:
“La verdad que me siento sorprendido de que una vez más, en una oficina del Estado, tengamos que venir nosotros, los trabajadores, a explicar cuáles son las leyes que regulan nuestra propia actividad”.
“Tenemos una ordenanza municipal, la 9833, que tiene años de vigencia. Tenemos una ley provincial, la 3296-L, que incluso contempla a los trabajadores de aplicaciones. Entonces la pregunta es: ¿cómo puede ser que quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir esas normas las desconozcan?”, cuestionó.
Zerpa apuntó directamente contra los gobiernos municipal y provincial:
“Durante 30 años pasaron funcionarios, secretarios, subsecretarios e intendentes. Muchos de ellos utilizan diariamente el servicio de motomandados. Sin embargo, cuando se sientan detrás de un escritorio como funcionarios, parece que se olvidan de que detrás de cada moto hay un trabajador y una familia”.
El dirigente sostuvo que el problema no es la falta de legislación, sino la falta de decisión política para hacerla cumplir.
“No necesitamos funcionarios que descubran nuestra actividad cada vez que los trabajadores vamos a reclamar. Necesitamos un Estado que conozca, que controle, que regule y, fundamentalmente, que garantice derechos”.
“La precarización no empezó con las aplicaciones, pero las aplicaciones la profundizaron”
Zerpa también cuestionó la situación generada por las plataformas digitales.
“La llegada de las aplicaciones no solucionó la precariedad laboral. En muchos casos la profundizó. Y mientras el Estado mira para otro lado, son los trabajadores los que terminan pagando el costo”.
Entonces no podemos seguir escuchando como respuesta que no saben, que no conocen o que hay que estudiar el tema. El tema está estudiado y legislado. Lo que falta es voluntad política para actuar”, afirmó.
Finalmente, Zerpa remarcó:
“Después de 30 años de trabajo, es inadmisible que tengamos que seguir golpeando las puertas del Estado para explicar quiénes somos. El trabajador motomandado no apareció con las aplicaciones. Existimos desde hace décadas. Lo que cambió fueron las formas de explotación y precarización, mientras el Estado sigue llegando tarde”.
Y concluyó:
“El Estado municipal y provincial no pueden mirar al trabajador solamente cuando necesitan cobrar una tasa, aplicar una multa o utilizar el servicio. También tienen que estar cuando ese trabajador necesita que se respeten sus derechos”.
Fuente Prensa
Fabio Zerpa
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