El diputado nacional Álvaro Martínez (LLA) impulsa una Reforma del Régimen penitenciario que prohíbe el uso absoluto de teléfonos celulares
En tal sentido, fue terminante en cuanto al uso de la telefonía móvil en cárceles: “Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda”.
La iniciativa propone modificar la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad en la que prohíbe de manera efectiva el uso de teléfonos celulares y el control de las comunicaciones por teléfono de línea, uso de internet y por correspondencia con el fin de terminar con las miles de estafas, secuestros virtuales, maniobras vinculadas al narcotráfico, lavado de activos y trata de personas; entre otros delitos.
También, el proyecto de ley que impulsa Martínez obliga al uso de uniformes según la peligrosidad del detenido y al pago mensual de un Arancel Único Carcelario (AUC) con el que los internos podrán hacer frente a los gastos de servicios generales y su alimentación.
El legislador mendocino afirmó que “La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal”.
En esa línea concluyó: “El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones”.
En cuanto al uso obligatorio de uniforme según la peligrosidad del detenido - que será leve, media o alta – el libertario precisó: “No tiene un objetivo discriminatorio se ajusta al principio de igualdad. Todos los internos deberán usarlo. Serán de color beige o marrón claro. Para los presos de leve peligrosidad tendrá una línea vertical al frente y al dorso. Para los de media dos líneas y tres para los más peligrosos. En cambio, será liso para quienes estén próximos a recuperar su libertad”.
Los principales puntos del proyecto son:
Fin de los celulares ilegales: comunicaciones únicamente mediante sistemas autorizados y monitoreados.
Teléfonos de línea: para facilitar el contacto con familiares y abogados sin comprometer la seguridad.
Videollamadas con defensores: para agilizar el acceso a la justicia y reducir traslados innecesarios.
Uniforme penitenciario obligatorio: bajo estándares internacionales de dignidad y no humillación.
Régimen especial de trabajo: orientado a generar hábitos laborales y favorecer la reinserción.
Arancel Único Carcelario: quienes perciban ingresos por su trabajo contribuirán al costo de alimentación, servicios, atención médica y uniforme, sin afectar el deber del Estado de garantizar condiciones básicas.
Es importante recordar que en el último mes de abril, el mendocino presentó un proyecto de ley que reprime con pena de 1 (uno) a 3 (tres) años de prisión al interno de un establecimiento penitenciario que tenga en su poder un teléfono móvil, con el agravamiento de 3 (tres) a 5 (cinco) años, en el caso que se haya utilizado para cometer un delito.
Fuente: parlamentario.com
wdm.
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