El Gobierno Nacional anunció este martes 6 de octubre que recurrirá el fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el tramo del decreto 759/2025 que frenó la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó aplicarla de inmediato.
El juez federal Martín Cormick hizo lugar a los amparos del Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA) y anuló la cláusula que condicionaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios, además ordenó al Poder Ejecutivo dictar las normas necesarias para asegurar su “cumplimiento inmediato”.
La norma alcanza los salarios docentes y no docentes, las becas, la investigación y los gastos de funcionamiento de las universidades, las estimaciones del sistema universitario ubican la recomposición salarial necesaria cerca del 33%.
Cormick calificó de “extraconstitucional” el mecanismo del Ejecutivo porque permitía frenar una ley ratificada por ambas cámaras, además sostuvo que el artículo 9 prevé herramientas para financiarla mediante la adecuación de partidas y el uso de ingresos corrientes superiores a lo presupuestado, sin afectar la coparticipación provincial.
La ley fue sancionada en agosto de 2025, vetada por el presidente Javier Milei, ratificada por ambas cámaras y el Gobierno Nacional la promulgó en octubre mediante el decreto 759/2025; por otra parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que para 2025 representaba el 0,23% del PBI.
En diciembre de 2025, Cormick ordenó por una medida cautelar aplicar los artículos 5 y 6, referidos a la recomposición salarial y la actualización de las becas; la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión y la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario del Estado el 25 de junio, por lo que la medida quedó firme.
Anteriormente, el 10 de junio, el Gobierno había firmado con el CIN y los gremios un acta con una recomposición salarial del 24,33% y un aumento del 20% para gastos de funcionamiento.
El pasado 1º de septiembre, Cormick rechazó el pedido oficial de levantar la cautelar porque consideró que el acta de junio no acreditaba una solución definitiva al deterioro salarial.
El Gobierno Nacional mantuvo el 17 de septiembre una oferta adicional del 3% y anunció que la aplicaría aun sin acuerdo, pero los gremios la rechazaron.
El 30 de septiembre, el juez volvió a intimar al Gobierno a cumplir en cinco días y reconoció avances parciales; antes había afirmado que “no existe cumplimiento total”.
El Gobierno defendió su nivel de cumplimiento con una comparación: sostuvo que los aumentos acumulados desde diciembre de 2023 sumaban 226,8%, frente a una inflación del 226,46% hasta agosto de 2025. Cormick cuestionó ese cálculo y dijo que no se había acreditado la actualización prevista por la ley.
La administración pagó un 21,33% para junio y otro 3% en octubre y actualizó las becas Manuel Belgrano, pero no abonó el 20% para gastos de funcionamiento ni los $ 50.000 millones adicionales para hospitales universitarios.
En el Ejecutivo se debate cómo afrontar los fondos previstos; desde el entorno del ministro de Economía, Luis Caputo, sostienen que se debe esperar el desarrollo judicial, mientras persiste la apuesta oficial por apelar las decisiones.
El proyecto de Presupuesto 2027 prevé cerca de $ 7,3 billones para las universidades nacionales, una cifra que el CIN considera insuficiente y frente a la que reclama $ 11 billones, por otra parte, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia calculó que la propuesta representa, en términos reales, un 24,9% menos que el presupuesto de 2023.
Federico Montero, dirigente nacional de la CONADU, convocó a la Marcha Federal Universitaria y sostuvo: “El fallo judicial es una herramienta fundamental que desarma el relato del Gobierno, pero sabemos perfectamente que la solución definitiva a este conflicto es política y se construye con la movilización popular y remarcó que el Gobierno nacional ya demostró su voluntad de sistemática de incumplir las leyes y recortar el presupuesto, por eso, este 15 de octubre nos vamos a movilizar masivamente con todos los sectores por la defensa irrenunciable de la universidad pública y la soberanía nacional”.
Fuente: elintransigente.com
wdm.
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