La Justicia archivó la causa contra Mauricio Macri y Luis Caputo por la deuda con el FMI
Con este pronunciamiento, el fuero penal dio por agotadas las instancias de revisión sobre las decisiones macroeconómicas de gestión.
El tribunal desestimó los planteos impulsados por la fiscalía al ratificar la falta de entidad penal en los hechos investigados.
La decisión judicial remarcó la inviabilidad de revisar resoluciones de gobierno a través del fuero punitivo, señalando expresamente que "las decisiones sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de las medidas económicas constituyen cuestiones políticas no judiciables".
El fallo respaldó el criterio expuesto en las instancias anteriores al subrayar la ausencia de tipicidad penal en la tramitación del crédito internacional; en su análisis técnico sobre la conducta de los imputados, los magistrados concluyeron de manera categórica que "no se logró acreditar la configuración de una hipótesis delictiva ni la existencia de un perjuicio patrimonial punible".
Asimismo, la resolución hizo hincapié en la falta de elementos probatorios que sostuvieran la acusación formulada originalmente contra la administración; al evaluar la actuación del Ministerio Público, el documento decisorio dejó sentado de forma tajante que "la acusación no logró rebatir los sólidos fundamentos del archivo ni aportar elementos que justifiquen la prosecución del proceso".
La ratificación del sobreseimiento por parte de Casación fija un límite preciso respecto a la revisión judicial de los programas de financiamiento; al cerrar de forma permanente el expediente, el tribunal enfatizó los límites institucionales de la Magistratura, aclarando de forma explícita que "no corresponde a los jueces evaluar el acierto o el fracaso de las políticas públicas de endeudamiento".
El pronunciamiento de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo extingue de forma definitiva los cuestionamientos formulados sobre la tramitación del crédito Stand-By con el organismo multilateral.
Las autoridades judiciales concluyeron que el escrutinio sobre el crédito debe encauzarse en el ámbito institucional del Congreso y no en los tribunales. De este modo, la causa queda clausurada con fuerza de cosa juzgada de forma permanente.
Fuente: elintransigente.com
wdm.
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