La Justicia Federal ordenó recuperar las clases perdidas por los paros en colegios universitarios de San Juan
El fallo hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por un grupo de padres de alumnos y estableció un plazo de cinco días para que las autoridades universitarias comuniquen un plan destinado a garantizar la finalización del ciclo lectivo 2026.
La decisión fue adoptada el viernes 9 de octubre por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal N.º 1 de San Juan, en el expediente FMZ 39628/2026, caratulado “Fornes Martín, Francisco Daniel y otros c/ Universidad Nacional de San Juan s/ amparo Ley 16.986”.
La resolución se conoció mientras las autoridades universitarias, los gremios docentes y las organizaciones estudiantiles preparaban una nueva Marcha Federal Universitaria para el jueves frente al Congreso de la Nación; la convocatoria tiene como principales reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes y trabajadores y el presupuesto destinado al funcionamiento de las universidades públicas.
El pronunciamiento judicial incorporó otro aspecto del conflicto educativo: la continuidad de las clases en los establecimientos secundarios que dependen de universidades nacionales y la recuperación de los contenidos afectados por las medidas de fuerza.
El caso comenzó con una presentación de familias de alumnos de la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín” y el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”; los tres establecimientos integran el sistema de institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan.
Los padres promovieron una acción de amparo colectivo para solicitar que las autoridades garantizaran el calendario escolar, los días mínimos de clase y el dictado de los contenidos correspondientes al año en curso.
Según el relevamiento realizado por las familias, los establecimientos habían acumulado 41 jornadas sin clases por medidas de fuerza docentes, esa cifra fue uno de los antecedentes utilizados para fundamentar la presentación judicial; el registro elaborado por los padres reunió información sobre las interrupciones de actividades durante 2026.
El expediente llegó al Juzgado Federal N.º 1, que examinó la documentación presentada y las obligaciones legales vinculadas con la educación secundaria.
En sus fundamentos, el magistrado sostuvo que los elementos incorporados al expediente permitían considerar acreditadas, con el grado de verosimilitud exigido para una cautelar, las reiteradas interrupciones en el dictado de clases de los tres establecimientos durante 2026.
El juez también señaló que las familias habían realizado presentaciones ante el Rectorado para solicitar medidas que garantizaran la continuidad educativa y que, al momento de resolver, el expediente carecía de constancias sobre un programa de recuperación de las actividades afectadas
Fuente: infobae.com
wdm.
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