Gregorio Dalbon pidió frenar el cambio de fuero en la causa contra Manuel Adorni
El planteo pide que la definición sobre la competencia espere el pronunciamiento del organismo al que reclamó dar intervención.
El expediente está identificado como CFP 1003/2026, bajo la carátula Adorni, Manuel s/enriquecimiento ilícito;
Dalbon indicó que presentó el escrito con copia a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del Dr. Sergio Rodríguez.
También explicó por qué actuó: "Lo hago como denunciante y como ciudadano, porque hay decisiones que no admiten silencio".
Sobre el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, Gregorio Dalbon sostuvo que "El fiscal Gerardo Pollicita dictaminó que no existen elementos suficientes para afirmar que el ex jefe de Gabinete se enriqueció ilícitamente".
A continuación, le atribuyó la propuesta de que el juzgado se declare incompetente y envíe el expediente a la Justicia Penal Económica, Dalbon lo expresó en estos términos: "Propuso que el juzgado se declare incompetente y que el expediente viaje a la Justicia Penal Económica, convertido en una posible evasión de impuestos".
Dalbon sostuvo que el dictamen menciona, además, una serie de movimientos patrimoniales y omisiones: «Pero el mismo dictamen deja escrito lo que no puede borrarse: bienes omitidos durante años en las declaraciones juradas, pagos en efectivo, terceros interpuestos en operaciones inmobiliarias y fondos exteriorizados recién cuando la causa ya estaba en marcha".
Para cuestionar el cambio de eje hacia una posible infracción tributaria, afirmó: "Transformar un presunto delito contra la administración pública en una cuestión tributaria no es investigar: es rebajar el objeto del proceso hasta volverlo inofensivo".
El primero de los tres pedidos busca que Gregorio Dalbon sea notificado de cualquier medida que cierre el proceso; en el escrito reclamó: "Que se me notifique toda medida que ponga fin al proceso, para ejercer el derecho de revisión que me reconoce la ley 27.372".
Las otras dos medidas se refieren a la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y a que no se defina todavía qué fuero continuará con la causa.
Dalbon reclamó que se le diera vista a ese organismo y describió sus facultades así: "Que se corra vista a la PIA, el órgano del Ministerio Público creado precisamente para controlar la conducta administrativa de los funcionarios, con facultades propias para reconstruir la evolución patrimonial del denunciado, incluso frente al secreto fiscal y para asumir la acción pública cuando el fiscal del caso se opone a seguirla"; su tercera solicitud fue: "Y que no se resuelva la competencia hasta que la PIA se expida".
Dalbon sostuvo que el enriquecimiento ilícito involucra a toda la ciudadanía porque quienes administran el Estado deben explicar su patrimonio: "La damnificada es la ciudadanía entera, que sostiene el Estado con sus impuestos y tiene derecho a que quien lo administra pueda explicar su patrimonio".
También afirmó que la Constitución asigna al Ministerio Público la defensa del interés general y que la Argentina asumió compromisos internacionales para tipificar el delito y garantizar la participación social en su control: "Por eso la Constitución encomienda al Ministerio Público la defensa del interés general, y por eso la Argentina se obligó, ante la Convención Interamericana y la de Naciones Unidas contra la Corrupción, a tipificar este delito y a garantizar que la sociedad participe en su control".
El denunciante dijo que hoy ejerce esa tarea y reclamó que la Justicia la asuma: "Ese control, hoy, lo ejerzo yo como denunciante. Mañana debería ejercerlo la Justicia sin que nadie se lo tenga que pedir". Cerró con un pedido de continuidad de la pesquisa: "La República no se defiende archivando ni derivando. Se defiende investigando hasta el final".
Fuente: elintransigente.com
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