Lázaro Báez fue imputado por liderar una organización dedicada al lavado de activos desde la cárcel
El juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez declaró la legalidad de 12 detenciones, las convirtió en prisión preventiva y dispuso que el plazo máximo de duración de las investigaciones sea de dos años, en línea con lo requerido por el MPF. A los otros cuatro implicados se les fijaron medidas de coerción.
Los puntos de contacto entre los casos
En el primero, la Unidad Fiscal, en conjunto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, imputó a Báez encabezar una organización conformada por diez personas y dirigirla telefónicamente desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, en el que se halla cumpliendo una condena de 15 años de prisión.
Según la imputación, Báez administró, explotó y puso en circulación activos de origen ilícito, que habrían sido sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre él y cuya administración le está vedada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12 del Código Penal.
La calificación legal empleada por la fiscalía durante la audiencia de formalización de la investigación incluye el lavado de activos agravado, la asociación ilícita, la insolvencia fraudulenta y la defraudación.
En ese sentido, a uno de los integrantes de esta organización, C.S.I (considerado por la fiscalía como “operador de hecho y administrador territorial” de Báez) a su vez, se le atribuyó ser líder de una banda que se dedica al tráfico de estupefacientes en la provincia de Santa Cruz.
La investigación contra el empresario se originó a partir de las intervenciones telefónicas ordenadas en el en el marco de la investigación de la organización narcocriminal.
Sobre esta, la fiscalía atribuyó a sus nueve integrantes dedicarse al transporte de cocaína mediante camiones de una empresa transportista y a su distribución a través de un lavadero en el que se realizaban las entregas del material.
La fiscalía señaló que el lavado de activos provenientes de esta actividad tuvo lugar mediante cuentas bancarias y bienes registrados a nombre de terceros para hacer circular los fondos de origen ilícito e integrarlos al circuito legal.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el entorno de Báez no solo sustraía activos del control judicial —incluidos inmuebles ya inscriptos a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación—, sino que además utilizaba a los cabecillas de la organización narco para mover fondos y bienes.
Las Fiscalías ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 1, a cargo del fiscal general Diego Luciani, la N° 2 a cargo de fiscal general Abel Córdoba y la N° 6 a cargo del fiscal general Diego Velasco, proporcionaron información detallada de los bienes que permitió identificar y acreditar el estado de ejecución de pena de Báez y el de algunos bienes cautelados o para decomiso.
Fuente: fiscales.gob.ar
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