En el marco del juicio político al presidente Santiago Peña, los abogados defensores sostuvieron que el libelo acusatorio no demuestra ninguna conducta concreta atribuible al presidente que constituya mal desempeño en sus funciones, y denunciaron la nulidad del proceso desde el momento en que el mandatario presentó denuncia al cargo.
El abogado Ricardo Preda advirtió primeramente "violaciones básicas del debido proceso", entre ellas el tema del plazo dado para el ejercicio de la defensa, "algo que la Constitución y los tratados internacionales defienden"; posteriormente, cuestionó los puntos señalados en el libelo acusatorio y afirmó que los mismos no demuestran la comisión de mal desempeño en las funciones presidenciales.
Preda afirmó que "En el plano jurídico no se identifica ninguna violación de normas concretas que el presidente haya infringido y se le atribuyen hechos que corresponden a otras instituciones sobre las que el presidente no tiene poder ni injerencia y señaló que en el plano de los hechos el libelo no ofrece pruebas y que además desconoce cómo funciona el Estado paraguayo".
El letrado sostuvo que "El documento pretende que todo lo que ocurre en el Estado, en cualquier ente, sea imputable al presidente por el solo hecho de serlo; eso es un absurdo absoluto", además refirió que las decisiones de entes como el Banco Central del Paraguay y el Instituto de Previsión Social, a los que menciona el libelo acusatorio, "no son imputables al presidente y no pueden constituir fundamento de un mal desempeño de funciones", al ser instituciones sobre las cuales "no ejerce jerarquía alguna".
En cuanto a la vinculación de Peña con el banco ueno, el abogado sostuvo que el presidente vendió su participación accionaria en el grupo empresarial propietaria del banco en abril de 2025 y que el esquema que puso en quiebra a la entidad bancaria se construyó 14 meses después de que el presidente dejara de ser accionista del grupo.
Así también se refirió al supuesto enriquecimiento ilícito del mandatario, advirtiendo que el crecimiento patrimonial al que refiere el libelo corresponde a un periodo anterior a su llegada a la Presidencia de la República de Peña, "lo que no puede constituir un mal desempeño en el cargo".
Finalmente, atacando el último punto del libelo, el abogado Preda sostuvo que el supuesto daño a la confianza y riesgo sistémico atribuidos al presidente constituyen simplemente "una teoría que no identifica una sola conducta presidencial concreta que haya causado un daño sistémico".
Denuncian nulidad del juicio
Por su parte, el abogado Adolfo Ferreiro argumentó que el juicio al presidente sería nulo desde el momento en que Peña presentó renuncia, considerando que el objetivo de un juicio político es inhibir de sus funciones al presidente.
El letrado argumentó que "El juicio no tiene una viabilidad jurídica e institucional desde el momento en que el presidente presentó su renuncia, que no puede sino ser aceptada, y se somete por propia voluntad a los designios de la justicia ordinaria".
Ferreiro manifestó además que el presidente de la República deja constancia de sus reservas a fin de recurrir a todas las instancias legales, desde la Corte Suprema de Justicia hasta los tribunales internacionales, con relación al juicio político.
Fuente: mediosdelestado.gov.py
wdm.
0 Comentarios