Según datos de la Red Siria de Derechos Humanos (SNHR por sus siglas en inglés), más de 23.000 niños murieron a manos de las fuerzas del depuesto régimen de Al-Assad en Siria desde marzo de 2011, mientras que otros 3.736 permanecen desaparecidos tras haber sido detenidos.
Durante los años de la revolución siria, miles de menores fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ataques contra escuelas y centros sanitarios.
Estas prácticas también afectaron a su identidad jurídica y sus vínculos familiares, con consecuencias humanitarias y legales que persisten hasta hoy.
Con motivo del Día Mundial de la Infancia, expertos en derechos humanos subrayaron la necesidad de esclarecer estos casos, identificar a los responsables y garantizar los derechos de los niños a la vida, la seguridad, la educación, la atención sanitaria y la identidad.
El director ejecutivo de SNHR, Fadel Abdulghany, que los menores figuran entre los colectivos más afectados por las violaciones graves y generalizadas cometidas por las fuerzas y los organismos de seguridad del depuesto régimen desde marzo de 2011.
Según explicó, la organización documentó la muerte de 23.146 niños en ejecuciones extrajudiciales, así como la de otros 222 menores bajo tortura en centros de detención del derrocado régimen y precisó que estas cifras representan el mínimo de casos verificados.
De acuerdo con los últimos datos publicados por la organización, 3.736 niños detenidos y desaparecidos forzosamente por los servicios de seguridad del depuesto régimen siguen sin ser localizados.
Abdulghany recordó que la desaparición forzada constituye un delito continuado mientras se desconozca el paradero o el destino de la víctima, incluso después de la caída del régimen y prolonga el sufrimiento de sus familiares.
La red también registró unos 1.287 ataques contra escuelas y guarderías y al menos 566 contra instalaciones sanitarias desde marzo de 2011, atribuidos a las fuerzas de Al-Assad.
Estas acciones, contrarias a las normas del derecho internacional humanitario que protegen especialmente los centros educativos y sanitarios, provocaron la destrucción o el cierre de cientos de instalaciones y privaron a numerosos menores de acceso seguro a la educación y la atención médica.
Entre las vulneraciones relacionadas con la identidad jurídica y la vida familiar.
Abdulghany señaló que la organización documentó casos de menores trasladados por organismos del depuesto régimen a instituciones de acogida sin completar los procedimientos ni la documentación legal correspondiente.
El responsable pidió investigaciones independientes para determinar la identidad de estos niños y el paradero de sus familiares, además advirtió de las dificultades para acreditar la filiación y registrar nacimientos debido a la desaparición de los padres, la imposibilidad de obtener documentos oficiales y la pérdida de registros civiles.
No obstante, aclaró que la falta de documentación no implica automáticamente la apatridia, aunque puede generar obstáculos legales que impiden a los menores ejercer sus derechos fundamentales.
Fuente: sana.sy/es
wdm.
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